TRAS ATENTADO EN ZONA DE VILCÚN

Organizaciones sociales preocupadas por estigmatización de mapuches

Tras el atentado que afectó a la familia Luchsinger en Vilcún, tanto las autoridades como organismos policiales han puesto en la mira a las comunidades mapuches. Esta situación preocupa a organizaciones mapuches que mantienen reivindicaciones territoriales en el sur de Chile. Argumentan que este tipo de situaciones sólo ayudan a estigmatizarlos y solo permiten incrementar la represión.


Por Raúl MARTINEZ* I Martes 19 de Agosto de 2008



SANTIAGO / El Gobierno, a través de la Intendenta de la Región de la Araucanía, Nora Barrientos, presentó una querella criminal por violación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, contra quienes resulten responsables del incendio que afectó al fundo Santa Rosa en la localidad de Vilcún, propiedad del empresario Eduardo Luchsinger.

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, indicó que este tipo de delitos no ayudan a avanzar en los problemas con el pueblo mapuche, aunque no quiso adjudicar este ilícito a ningún grupo en particular, a pesar de existir un correo electrónico enviado a la prensa, en el cual la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) se adjudica el ataque.

“Esto es un hecho que calificamos como grave, inaceptable, y lo que corresponde en un Estado de derecho es que el Ministerio Público siga adelante con la persecución tal como lo ha hecho hasta ahora. Cuando hay conversaciones destinadas a mejorar las condiciones de tranquilidad del sector que se ha aludido, obviamente representa un retroceso, no obstante que nosotros no podemos imputar responsabilidad a ningún grupo por el minuto, más allá del comunicado que se adjudica este atentado”, dijo Harboe.

En tanto, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, también calificó como grave el incendio que afectó a la familia Luchsinger y aseveró que es un retroceso en otras investigaciones por similares causas. “En este caso se habían adoptado medidas que estaban dando muy buenos resultados. Dos fiscales con dedicación exclusiva, coordinados por un fiscal regional, eso se va a mantener e incrementar. Si bien ha habido algunos resultados, esto es un retroceso. Estamos a la espera de los detalles del atentado, pero la señal clara es que no se va a tolerar ninguna impunidad. Por el contrario, se va a ser aún más severo en la persecución de los ilícitos”, afirmó Chahuán.


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Los principales sectores gremiales de poder económico reaccionaron airadamente ante el Gobierno luego del “ataque incendiario” a bienes materiales del Fundo de Luchsinger, con duras amenazas. Por su parte el Gobierno respondió con una querella donde habría invocado la Ley de Seguridad del Estado, pronunciándose hasta la Presidenta de la República sobre los hechos.


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A pesar de que no se hizo una clara vinculación entre la Coordinadora Arauco-Malleco y este atentado, el llamado “retroceso” , lo hechos igual preocupan a otras organizaciones mapuches que mantienen reivindicaciones territoriales en el sur de Chile. Argumentan que este tipo de situaciones sólo ayudan a estigmatizarlos y permiten que se cree un ambiente para establecer la figura jurídica del ‘Incendio Terrorista’, como lo recordó el representante de Meli Wixan Mapu, Manuel Díaz Calfiu:

“Bajo ese aspecto ya han sido condenados varios hermanos, y el Gobierno de Michelle Bachelet continúa con esta tendencia de estigmatizar el conflicto mapuche bajo supuestos delitos que nunca han sido verídicamente determinados como realizados por mapuches. Sólo se testimonia la presencia de encapuchados que no se sabe cuál es su procedencia y de inmediato se incrimina a los hermanos de las comunidades, como en este caso de la CAM”, apuntó.

El dirigente de Meli Wixan Mapu declaró además que es necesario que el Gobierno escuche de una vez las demandas de los pueblos originarios ya que hasta ahora la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) ni tampoco el Consejo Asesor Presidencial para los Pueblos Indígenas lo ha hecho. A esto se suma el historiador Matías Correa, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, quien aseveró que el problema territorial en el caso de la familia Luchsinger es histórico y que este tipo de atentados llama la atención pues se trata de fundos custodiados por efectivos policiales.

“Me llama la atención la premura con que el gobierno declara ya quiénes son los culpables, que la Sociedad Nacional de Agricultura declare quiénes son los culpables. Es un sistema que viene aplicándose desde hace tiempo. En definitiva, yo creo que es una estigmatización de las organizaciones mapuches y con esto busca desestimar una legítima demanda territorial, cultural y política”, expresó Correa.

Las acciones del Gobierno ayer recibieron el respaldo político necesario desde la Alianza por Chile. El senador RN Alberto Espina calificó como un “acto terrorista” y no un ataque de "personas vinculadas al movimiento mapuche”, lo sucedido en Vilcún. En tanto, el agricultor Eduardo Luchsinger, dueño del fundo Santa Rosa, durante la tarde de ayer, aseguró tener confianza en la querella interpuesta por el Ejecutivo para investigar los hechos y que determinen el paradero de los 12 encapuchados / AZ