Pamela Sepúlveda
IPS
"Llegaron aquí apuntándonos con la metralleta. Lo encontraron en el pasillo, lo tomaron del pelo, lo botaron al suelo, lo golpearon" relató a IPS Ida Huenulef sobre la detención de su hijo Miguel, el primer mapuche que el gobierno chileno de Michelle Bachelet busca condenar apelando a la ley antiterrorista.
Según los testimonios de la familia, la noche del 11 de febrero, sin previa identificación ni orden de allanamiento, la policía uniformada de Carabineros y fuerzas especiales ingresaron a su vivienda en la comuna de Lo Prado, en el sector oeste de Santiago.
Miguel Tapia Huenulef, de 45 años, fue detenido en presencia de toda su familia, que también sufrió la violencia del operativo.
"Voy a buscar a mi guagüita (hijita) y la apuntaron con la metralleta y cuando ella tomó a su guagüita, viene otro carabinero y la apunta en su cabecita a la guagüita", dijo Ida Huenulef describiendo el momento en que un uniformado encañonó a su nieta de sólo 20 días de nacida.
La policía buscaba a Miguel Tapia Huenulef por su supuesta vinculación en un atentado incendiario cometido en enero en la propiedad rural de San Leandro, más de 600 kilómetros al sur de Santiago, que es parte del territorio reivindicado por el pueblo indígena mapuche, y por su presunta responsabilidad en un ataque al edificio de la Defensoría Penal Pública en diciembre de 2008.
Según la policía, en el domicilio se encontraron armas, como una subametralladora nueve milímetros con dos cargadores, y elementos para la fabricación de explosivos, además de plantas de marihuana.
La familia Tapia Huenulef y organizaciones mapuches sostienen que se trata de una persecución y un montaje para incriminarlo sólo por ser indígena.
"No, nada, ninguna cosa. Ellos dicen que mis hijos tenían armamento de guerra, dígame usted, a quién se le pude ocurrir viviendo con su familia, habiendo niños en la casa, van a tener armamento en su casa", enfatizó la madre del detenido, agregando que los policías no encontraron nada en su habitación, "…porque salieron, los carabineros salieron y no encontraron nada. Y después yo vi pasar a personas con bolsos".
El portavoz de la organización Meli Wixán Mapu (Los Cuatro Puntos de la Tierra), Enrique Antileo, también dijo a IPS que el allanamiento es una muestra de la política represiva de las autoridades.
"Hay un montaje, implantación de armas, y damos toda la fe, apoyamos a la familia en todo momento. Esto es la continuidad de una política represiva al movimiento social mapuche", señaló Antileo.
LEY ANTITERRORISTA
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, declaró a la prensa que en este caso se configuraban los antecedentes de una organización terrorista, "…por consiguiente vamos a aplicar todas las medidas correspondientes, inclusive, vamos a invocar la aplicación de la ley antiterrorista".
Una semana después, la familia Tapia Huenulef todavía no había visto a Miguel, incomunicado y trasladado a la Región de la Araucanía, casi 700 kilómetros al sur de Santiago, según les informaron las autoridades. Tampoco sabían que las afirmaciones del ministro del Interior se habían concretado en una acusación formal.
La Subsecretaría del Interior y el gobierno regional de la Araucanía confirmaron a IPS que fue presentada ante la justicia una querella criminal por la ley antiterrorista, firmada por el subsecretario Patricio Rosende. Pero se negaron a dar declaraciones.
Ésta es la primera vez que el gobierno de la socialista Michelle Bachelet utiliza contra un mapuche esta norma, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La ley, decretada por el régimen militar para perseguir opositores políticos, otorga mayores atribuciones a las policías y a la justicia.
"En campaña electoral (Bachelet) prometió que no se iba a aplicar la ley antiterrorista en causas en que estuvieran involucrados miembros del pueblo mapuche", recordó Rodolfo Valdivia, codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
No se configura una acción de terrorismo en la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones, dijo Valdivia a IPS. "No hay en los hechos una organización que tenga por finalidad generar cierta sensación de temor en la población, no hay una organización que vaya a llevar a cabo esos delitos, que señala la ley como delitos terroristas", aseveró.
"Para nosotros no es extraño que el gobierno de Bachelet..., en complicidad con los grupos económicos, aplique leyes arbitrarias para contener la movilización social mapuche", señaló Antileo.
La ley antiterrorista es una de las herencias dictatoriales más cuestionadas por organizaciones indígenas y de derechos humanos.
En los últimos años, el Estado chileno ha recibido varias recomendaciones para revisar su legislación y las políticas con que enfrenta las demandas del pueblo mapuche, de entidades como Amnistía Internacional, el Observatorio de Derechos Indígenas y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, entre otros.
PERSECUCIÓN
"Hay una tendencia a la criminalización de la protesta mapuche en general. El pueblo mapuche, cuando protesta, históricamente ha sido callado de las maneras más violentas posibles", dijo Valdivia.
El gobierno niega que exista persecución ni presos políticos mapuches, como denuncian las organizaciones indígenas. Los observadores de derechos humanos creen lo contrario.
"Desde la perspectiva de derechos humanos, claro que sí. Por la forma de pensar, por querer la autonomía, que se reconozca la autonomía del pueblo mapuche", explicó Valdivia.
Los activistas reconocen y valoran las acciones de Bachelet para delinear una política hacia el reconocimiento constitucional de la multiculturalidad y numerosas iniciativas en materia de educación y salud de los pueblos originarios.
Pero la respuesta a las demandas históricas de esta etnia (mapuche significa "gente de la tierra", en la lengua mapuzungun) como la recuperación de tierras, todavía es muy tímida. El reclamo de autonomía --reconocimiento no sólo como una expresión cultural dentro del país, sino como nación mapuche con derechos políticos y territoriales-- es ignorado o llevado como conflicto a un plano judicial.
Según la organización Meli Wixán Mapu, más de 40 indígenas están en prisión condenados o procesados por causas relacionadas a sus reivindicaciones. Alrededor de 500 personas de este pueblo habrían sido procesadas desde el retorno a la democracia en 1990. Para ellos son presos políticos.
"No son delincuentes, no son asaltantes, ni violadores, ni nada por el estilo, sino que lo único que han hecho es realizar acciones dentro del marco de movilizaciones de nuestro pueblo para reivindicar sus derechos", dijo Antileo.
En opinión de Valdivia, la reciente absolución otorgada por la justicia al lonko (autoridad tradicional) Avelino Meñaco, de la comunidad Pascual Koña, da luces sobre la validez de los cuestionamientos a la aplicación de figuras penales contra las protestas.
Luego de ocho meses en la cárcel, Meñaco fue absuelto de los cargos de atentado incendiario a una cabaña, gracias a la defensa del reconocido jurista y ex juez Juan Guzmán, recordado por haber sido el primero que procesó a Pinochet.
"Eso viene a confirmar que existe cierta persecución, por intentar tener condenas contra personas mapuches, como lonkos y dirigentes. Pero en el momento del debate netamente jurídico penal, se acredita que no existen antecedentes para condenarlos y han sido declarados inocentes en varias causas", argumentó Valdivia.
Según la Encuesta de Caracterización Económica, 1.060.786 personas, 6,6 por ciento de los habitantes de Chile, se identificaban en 2006 como indígenas. El 19 por ciento de ellas son pobres o indigentes. Los mapuches representan 87 por ciento de la población aborigen de este país sudamericano.
jueves, 23 de abril de 2009
Fiscal militar procesa a cuatro mapuche por emboscada a fiscal
El titular de la Segunda Fiscalía Militar de Concepción, mayor de Ejército Fernando Grandón, procesó anoche a cuatro de los 12 mapuche acusados de participar en la emboscada al fiscal Elgueta. De esta manera se puso fin a la cruel incomunicación que se extendió por cinco días contra tres de ellos.
Los procesados por "maltrato de obra a carabineros de servicio y daño a vehículo fiscal" son: Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical, José Huenuche y Luis Menares Chanilao.
Los otros ocho comuneros de Puerto Choque, no contaban con méritos suficientes para el procesamiento militar. Pero permanecen en la cárcel, ya que están formalizados en la justicia civil por "asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado y robo con intimidación".
El abogado defensor de los detenidos, Pablo Ortega, evalúa apelar ante la Corte Marcial, y al mismo tiempo estudia invocar una contienda de competencia, "porque por un mismo hecho no pueden ser juzgados dos veces por dos tribunales".
Fuente: El Mercurio
Los procesados por "maltrato de obra a carabineros de servicio y daño a vehículo fiscal" son: Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical, José Huenuche y Luis Menares Chanilao.
Los otros ocho comuneros de Puerto Choque, no contaban con méritos suficientes para el procesamiento militar. Pero permanecen en la cárcel, ya que están formalizados en la justicia civil por "asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado y robo con intimidación".
El abogado defensor de los detenidos, Pablo Ortega, evalúa apelar ante la Corte Marcial, y al mismo tiempo estudia invocar una contienda de competencia, "porque por un mismo hecho no pueden ser juzgados dos veces por dos tribunales".
Fuente: El Mercurio
Los hechos de Puerto Choque: la otra colusión
Incomunicados en la cárcel de El Manzano (Concepción) hasta el lunes 20 de abril quedaron los comuneros José Huenuche, Ramón Llanquileo y el estudiante Jonathan Huillican luego de ser interrogados por el fiscal militar Fernando Grandón en la capital penquista. La esposa de José Huenuche –trabajador a jornal y nochero en Cañete- Millaray Paillalef, denunció que se está aplicando una doble sanción por una misma causa.
Los detenidos ya habían sido formalizados en Cañete –junto a otros ocho mapuche, también arrestados el pasado 11 de abril- por los mismos hechos, su presunta participación en la emboscada al fiscal que se dedica con exclusividad a perseguir a los luchadores mapuche en la provincia de Arauco, Mario Elgueta. Las detenciones practicadas en marzo y abril han aumentado a un número cercano a la cincuentana el número de presos políticos mapuche en Chile, que en enero de este año eran 32. Una colusión en derechos humanos entre policía y empresas forestales que no ocupa los titulares de prensa.
Nueve meses de prisión preventiva
Millaray Paillalef agregó que la madre del estudiante Huillican –que reside en Lonquimay y viajó a Lebu a verlo- no logró visitarlo. Para todos los familiares el traslado de los presos a Concepción representa un castigo adicional pues ellos viven en Cañete o Tirúa, a más de costosas cuatro horas de viaje. Todos permanecerán en prisión los nueve meses que decretó la jueza para la investigación.
“El defensor público, Egon Matus no puede solicitar la libertad de ellos porque la carpeta de investigación es secreta por un lapso de 40 días, lo que nos parece muy mal”, agregó Millaray. Como en otras oportunidades, existen supuestos testigos cuyas identidades son secretas y la defensa desconoce por completo las pruebas que acreditarían las acusaciones de la fiscalía.
“ El allanamiento realizado para detener a José fue muy violento”, explicó Millaray, embarazada de siete meses, entrevistada telefónicamente por esta periodista. “Yo vivo en Cañete. Derribaron la puerta de mi casa, y me sacaron en ropa interior, sin presentar orden judicial, lo mismo hicieron en las comunidades.”
Interrogada acerca de qué se llevó la la policía, responde: “Libros, películas, cámaras fotográficas, celulares y otras cosas que incluso pertenecen a mi mamá y tienen que ver con su trabajo”.
Torturas
Ella agrega que dos de los presos requiere urgente atención médica: Segundo Ñeguey tiene incrustados varios perdigones en la rodilla, y Jonathan resultó con graves lesiones en el oído medio como resultado de los golpes en la cabeza que le dio la policía en Temuco luego de la detención. También fue amenazado con que le aplicarían corriente y tomarían represalia con su familia si no cooperaba.
-¿Ha presentado la familia una denuncia por torturas?
“No, ellos aún no han podido verlo pues viajaron desde Lonquimay a Lebu pero cuando llegaron, a su hijo lo trasladaron a Concepción. Los gendarmes están tratando de intimidar a los familiares y a los presos. A nosotros nos dijeron que si hacíamos protesta afuera de la cárcel, ellos dispararían a matar adentro.
-¿Cuál es la vinculación del estudiante con los comuneros detenidos?
“ Aquí en el verano llegan muchos estudiantes, esta es una zona turística, por el lago, y los jóvenes hacen amistad muy pronto, vienen a ayudar en la cosecha”.
A Huenuche, Llanquileo y Huillican, y a otros ocho detenidos Segundo Ñeguey, los hermanos Juan, Norberto y César Parra Leiva, Luis Menares Chamilao, Juan Muñoz Huenuman, Alcides Pilquiman, Richard Ñeguey y Javier Navarro, se les acusa de homicidio frustrado en contra de un fiscal y dos carabineros, además de robo con intimidación y asociación ilícita terrorista. El gobernador Rodrigo Daroch presentó el requerimiento para que se aplique la legislación antiterrorista que data de tiempos de dictadura.
El gobierno de Michelle Bachelet está aplicando esta ley, criticada por los organismos internacionales de derechos humanos, en el caso de Miguel Tapia Huenulaf, detenido en Santiago el 13 de febrero de este año en un episodio denunciado ante James Anaya, relator de Naciones Unidas como un montaje policial. También se juzgó por ley antiterrorista a Jonathan Vega y Fénix Delgado, estudiantes universitarios simpatizantes de la causa mapuche en Temuco detenidos en octubre de 2008.
Tácticas de la Fiscalía Antimapuche
El caso de César Parra, de la comunidad Esteban Yebilao, del sector Puerto Choque - escenario de importantes recuperaciones de tierras del fundo La Puntilla usurpadas por las forestales Mininco y Volterra, y de escaramuzas con la policía que corresponden a intentos de desalojo - es ilustrativo de la táctica que está utilizando la fiscalía antimapuche. Ello consiste en buscar por todos los medios mantener en prisión “preventiva” a los dirigentes y activistas sociales mapuche, y cuando salen liberados por falta de pruebas, formular nuevas acusaciones.
César Parra alcanzó a estar apenas unos días en libertad, pues desde el 17 de octubre de 2007 permanecía recluido en El Manzano acusado de atacar con una motosierra a carabineros, en junio de ese año. La propia Fiscalía Militar le dio la libertad condicional el 2 de abril. Parra había resultado herido en el supuesto ataque y en cambio el carabinero que lo acusaba, no pudo acreditar lesión alguna.
Persecución a la CAM
La policía pretendía también que regresara a prisión Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, absuelto en Temuco en un juicio oral en mayo de 2008, luego de pasar más de un año en prisión. Según Richard Curinao, de la web Werken Kvrvf, http://werkenkvrvf.blogspot.com más de 30 efectivos de la PDI, la mayoría encapuchados, llegaron a su domicilio de San Ramón, Tirúa, encañonando a sus tres hijos menores de edad y obligándolos a salir de la casa. Pero su padre no dormía en casa esa noche.
En marzo el tribunal oral de Angol dictó condenas a cinco años de cárcel efectiva a Luis Millacheo Ñanco, y a 4 años remitidos para Andrés Licán Licán y Juan Licán Melinao, considerados por el tribunal culpables de incendiar un camión forestal en Pidima, Ercilla. Otros dos comuneros, Fernando y José Guillermo Millacheo, fueron absueltos luego de pasar varios meses en prisión. Sin embargo la táctica de la fiscalía no resuelve el denominado “conflicto mapuche.” El 6 de abril de 2008, 18 comuneros de ese mismo sector de Pidima, fueron formalizados por “usurpación”, luego de participar en un intento de recuperación de tierras.
Puerta giratoria
La comunidad mapuche autónoma Temucuicui acaba de denunciar una nueva faceta de esta táctica, una suerte de “puerta giratoria” entre la fiscalía y los juzgados orales. Ellos recusaron al juez Andrés Villagra, pidiendo se le inhabilite en el juicio que el 28 de mayo próximo enfrentarán Jaime Huenchullan Cayul y Julio Caihuan Nahuelpi. Sostienen los dirigentes que Andrés Villagra fue fiscal adjunto de Collipulli entre los años 2000 y 2002. En el ejercicio de esas funciones imputó a varios integrantes de su comunidad en supuestos hechos en contra del latifundista René Urban, de los cuales han sido absueltos posteriormente, una y otra vez. Sostienen que además, como juez se ha pronunciado directamente ante ellos considerando culpables a los comuneros antes de realizarse los juicios respectivos y adelantando que se les condenaría “como sea”.
Colaboradores de la policía
La táctica de la fiscalía incluye el reclutamiento de comuneros y/o campesinos o pequeños propietarios no mapuche que apoyen las funciones represivas, una práctica que posiblemente no tiene asidero legal. Pero el mismo día que los abogados intentaban infructuosamente conocer los testigos y las pruebas montadas por la fiscalía, en Santiago, El Mercurio informaba que el fiscal nacional Sabas Chahuán “propuso una modificación a la ley contra conductas terroristas, de manera de usar incluso agentes encubiertos o informantes en esas causas.” Este ya es el caso del informante y colaboarador Santos Jorquera, dueño del camping “Los Castaños”, reconocido en la zona de Tirúa como cómplice de la DINA y la CNI, donde fueron detenidos miembros de las comunidades de Choque, Ranquilhue y Miquihue. Su casa es actualmente el centro de operaciones de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros que lo usa también como centro de detención e interrotgatorio cuando detiene a mapuche en caminos interiores y de acceso a la comunidad de Choque.A los doce detenidos el 12 de abril en Puerto Choque se les acusa precisamente de “agresión a Santos Jorquera”.
Cacería de mapuches
El abogado Roberto Avila, que se desempeñó profesionalmente en la Vicaría de la Solidaridad considera los hechos descritos en esta nota como una verdadera cacería de mapuches, y rechazó en un artículo distribuido en internet, las expresiones del ministro del Interior subrogante que se congratuló de ello públicamente. Expresa Roberto Avila en una carta pública:
“A pesar de que la responsabilidad de estos mapuches no está acreditada y que existe en nuestro ordenamiento jurídico una clara separación de poderes que impide al ejecutivo y al legislativo avocarse a causas actualmente en trámite, el Ministro considera a los imputados ya como culpables. Y se refiere a ellos como ‘delincuentes’. El ministro se refiere a un ‘cuarteto’ por capturar, ya no son personas sino un ‘cuarteto’, de ciudadanos queda poco o nada. ¿Qué garantías procesales de un debido proceso tiene ese “cuarteto”, si ya el ministro del interior los condenó públicamente como delincuentes? El gobierno no tiene en curso procedimientos en aplicación rigurosa de resoluciones judiciales sino una verdadera cacería.”
— Lucía Sepúlveda Ruiz
Los detenidos ya habían sido formalizados en Cañete –junto a otros ocho mapuche, también arrestados el pasado 11 de abril- por los mismos hechos, su presunta participación en la emboscada al fiscal que se dedica con exclusividad a perseguir a los luchadores mapuche en la provincia de Arauco, Mario Elgueta. Las detenciones practicadas en marzo y abril han aumentado a un número cercano a la cincuentana el número de presos políticos mapuche en Chile, que en enero de este año eran 32. Una colusión en derechos humanos entre policía y empresas forestales que no ocupa los titulares de prensa.
Nueve meses de prisión preventiva
Millaray Paillalef agregó que la madre del estudiante Huillican –que reside en Lonquimay y viajó a Lebu a verlo- no logró visitarlo. Para todos los familiares el traslado de los presos a Concepción representa un castigo adicional pues ellos viven en Cañete o Tirúa, a más de costosas cuatro horas de viaje. Todos permanecerán en prisión los nueve meses que decretó la jueza para la investigación.
“El defensor público, Egon Matus no puede solicitar la libertad de ellos porque la carpeta de investigación es secreta por un lapso de 40 días, lo que nos parece muy mal”, agregó Millaray. Como en otras oportunidades, existen supuestos testigos cuyas identidades son secretas y la defensa desconoce por completo las pruebas que acreditarían las acusaciones de la fiscalía.
“ El allanamiento realizado para detener a José fue muy violento”, explicó Millaray, embarazada de siete meses, entrevistada telefónicamente por esta periodista. “Yo vivo en Cañete. Derribaron la puerta de mi casa, y me sacaron en ropa interior, sin presentar orden judicial, lo mismo hicieron en las comunidades.”
Interrogada acerca de qué se llevó la la policía, responde: “Libros, películas, cámaras fotográficas, celulares y otras cosas que incluso pertenecen a mi mamá y tienen que ver con su trabajo”.
Torturas
Ella agrega que dos de los presos requiere urgente atención médica: Segundo Ñeguey tiene incrustados varios perdigones en la rodilla, y Jonathan resultó con graves lesiones en el oído medio como resultado de los golpes en la cabeza que le dio la policía en Temuco luego de la detención. También fue amenazado con que le aplicarían corriente y tomarían represalia con su familia si no cooperaba.
-¿Ha presentado la familia una denuncia por torturas?
“No, ellos aún no han podido verlo pues viajaron desde Lonquimay a Lebu pero cuando llegaron, a su hijo lo trasladaron a Concepción. Los gendarmes están tratando de intimidar a los familiares y a los presos. A nosotros nos dijeron que si hacíamos protesta afuera de la cárcel, ellos dispararían a matar adentro.
-¿Cuál es la vinculación del estudiante con los comuneros detenidos?
“ Aquí en el verano llegan muchos estudiantes, esta es una zona turística, por el lago, y los jóvenes hacen amistad muy pronto, vienen a ayudar en la cosecha”.
A Huenuche, Llanquileo y Huillican, y a otros ocho detenidos Segundo Ñeguey, los hermanos Juan, Norberto y César Parra Leiva, Luis Menares Chamilao, Juan Muñoz Huenuman, Alcides Pilquiman, Richard Ñeguey y Javier Navarro, se les acusa de homicidio frustrado en contra de un fiscal y dos carabineros, además de robo con intimidación y asociación ilícita terrorista. El gobernador Rodrigo Daroch presentó el requerimiento para que se aplique la legislación antiterrorista que data de tiempos de dictadura.
El gobierno de Michelle Bachelet está aplicando esta ley, criticada por los organismos internacionales de derechos humanos, en el caso de Miguel Tapia Huenulaf, detenido en Santiago el 13 de febrero de este año en un episodio denunciado ante James Anaya, relator de Naciones Unidas como un montaje policial. También se juzgó por ley antiterrorista a Jonathan Vega y Fénix Delgado, estudiantes universitarios simpatizantes de la causa mapuche en Temuco detenidos en octubre de 2008.
Tácticas de la Fiscalía Antimapuche
El caso de César Parra, de la comunidad Esteban Yebilao, del sector Puerto Choque - escenario de importantes recuperaciones de tierras del fundo La Puntilla usurpadas por las forestales Mininco y Volterra, y de escaramuzas con la policía que corresponden a intentos de desalojo - es ilustrativo de la táctica que está utilizando la fiscalía antimapuche. Ello consiste en buscar por todos los medios mantener en prisión “preventiva” a los dirigentes y activistas sociales mapuche, y cuando salen liberados por falta de pruebas, formular nuevas acusaciones.
César Parra alcanzó a estar apenas unos días en libertad, pues desde el 17 de octubre de 2007 permanecía recluido en El Manzano acusado de atacar con una motosierra a carabineros, en junio de ese año. La propia Fiscalía Militar le dio la libertad condicional el 2 de abril. Parra había resultado herido en el supuesto ataque y en cambio el carabinero que lo acusaba, no pudo acreditar lesión alguna.
Persecución a la CAM
La policía pretendía también que regresara a prisión Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, absuelto en Temuco en un juicio oral en mayo de 2008, luego de pasar más de un año en prisión. Según Richard Curinao, de la web Werken Kvrvf, http://werkenkvrvf.blogspot.com más de 30 efectivos de la PDI, la mayoría encapuchados, llegaron a su domicilio de San Ramón, Tirúa, encañonando a sus tres hijos menores de edad y obligándolos a salir de la casa. Pero su padre no dormía en casa esa noche.
En marzo el tribunal oral de Angol dictó condenas a cinco años de cárcel efectiva a Luis Millacheo Ñanco, y a 4 años remitidos para Andrés Licán Licán y Juan Licán Melinao, considerados por el tribunal culpables de incendiar un camión forestal en Pidima, Ercilla. Otros dos comuneros, Fernando y José Guillermo Millacheo, fueron absueltos luego de pasar varios meses en prisión. Sin embargo la táctica de la fiscalía no resuelve el denominado “conflicto mapuche.” El 6 de abril de 2008, 18 comuneros de ese mismo sector de Pidima, fueron formalizados por “usurpación”, luego de participar en un intento de recuperación de tierras.
Puerta giratoria
La comunidad mapuche autónoma Temucuicui acaba de denunciar una nueva faceta de esta táctica, una suerte de “puerta giratoria” entre la fiscalía y los juzgados orales. Ellos recusaron al juez Andrés Villagra, pidiendo se le inhabilite en el juicio que el 28 de mayo próximo enfrentarán Jaime Huenchullan Cayul y Julio Caihuan Nahuelpi. Sostienen los dirigentes que Andrés Villagra fue fiscal adjunto de Collipulli entre los años 2000 y 2002. En el ejercicio de esas funciones imputó a varios integrantes de su comunidad en supuestos hechos en contra del latifundista René Urban, de los cuales han sido absueltos posteriormente, una y otra vez. Sostienen que además, como juez se ha pronunciado directamente ante ellos considerando culpables a los comuneros antes de realizarse los juicios respectivos y adelantando que se les condenaría “como sea”.
Colaboradores de la policía
La táctica de la fiscalía incluye el reclutamiento de comuneros y/o campesinos o pequeños propietarios no mapuche que apoyen las funciones represivas, una práctica que posiblemente no tiene asidero legal. Pero el mismo día que los abogados intentaban infructuosamente conocer los testigos y las pruebas montadas por la fiscalía, en Santiago, El Mercurio informaba que el fiscal nacional Sabas Chahuán “propuso una modificación a la ley contra conductas terroristas, de manera de usar incluso agentes encubiertos o informantes en esas causas.” Este ya es el caso del informante y colaboarador Santos Jorquera, dueño del camping “Los Castaños”, reconocido en la zona de Tirúa como cómplice de la DINA y la CNI, donde fueron detenidos miembros de las comunidades de Choque, Ranquilhue y Miquihue. Su casa es actualmente el centro de operaciones de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros que lo usa también como centro de detención e interrotgatorio cuando detiene a mapuche en caminos interiores y de acceso a la comunidad de Choque.A los doce detenidos el 12 de abril en Puerto Choque se les acusa precisamente de “agresión a Santos Jorquera”.
Cacería de mapuches
El abogado Roberto Avila, que se desempeñó profesionalmente en la Vicaría de la Solidaridad considera los hechos descritos en esta nota como una verdadera cacería de mapuches, y rechazó en un artículo distribuido en internet, las expresiones del ministro del Interior subrogante que se congratuló de ello públicamente. Expresa Roberto Avila en una carta pública:
“A pesar de que la responsabilidad de estos mapuches no está acreditada y que existe en nuestro ordenamiento jurídico una clara separación de poderes que impide al ejecutivo y al legislativo avocarse a causas actualmente en trámite, el Ministro considera a los imputados ya como culpables. Y se refiere a ellos como ‘delincuentes’. El ministro se refiere a un ‘cuarteto’ por capturar, ya no son personas sino un ‘cuarteto’, de ciudadanos queda poco o nada. ¿Qué garantías procesales de un debido proceso tiene ese “cuarteto”, si ya el ministro del interior los condenó públicamente como delincuentes? El gobierno no tiene en curso procedimientos en aplicación rigurosa de resoluciones judiciales sino una verdadera cacería.”
— Lucía Sepúlveda Ruiz
viernes, 27 de marzo de 2009
Violento Desalojo a Comuneros Mapuches que ocupan Predios de Forestal Arauco (Angelini)
"Reiteramos que pese al desalojo, mantendremos la ocupados los predios: Pidima, El Peumo y los Maitenes en posesión de Forestal Arauco..."
"Reiteramos nuestro compromiso al dialogo y al mismo tiempo hacemos un llamado a las comunidades mapuches de Ercilla y Collipulli a que se movilicen por sus derechos territoriales y solidaricen con quienes ya hemos iniciados el camino de la autodeterminación mapuche"...
III C O M U N I C A D O M A P U C H E
Las comunidades Mapuche, Antonio Panitru (sector Lonco Mahuida), Ranquilco Nag, Ignacio Lemun, Requem Pillan, Antonio Panitru (sector Aguas Buenas) de la comuna de Collipulli y Ercilla, emitimos el siguiente comunicado público.
1.- Las comunidades antes mencionadas, que hemos iniciado el proceso de recuperación de nuestras tierras usurpadas por la empresa forestal Arauco, a partir del día jueves 19 de marzo del presente, venimos a reafirmar nuestro compromiso y convicción de mantener nuestra movilización de manera indefinida hasta encontrar la solución definitiva a nuestras demandas.
2.- Rechazamos de manera enérgica el accionar político del gobierno, particularmente del gobernador de la provincia de Malleco Jorge Saffirio, porque no ha tenido la capacidad ni la voluntad política de buscar vías de solución a lo demandado por nuestras comunidades. Es inaceptable que el representante máximo del ministerio del interior, cada vez que hemos intentado dialogar, nos ha desalojado de la gobernación, con esta actitud sería mejor que dejara su cargo a carabineros de chile, porque son los que finalmente terminan dialogando con nosotros y luego nos desalojan. Al parecer el señor gobernador no lo toma en cuenta nadie del gobierno, eso muestra que no tiene ninguna atribución en su envestidura como feje provincial.
3.-En el día de hoy jueves hemos sido desalojados del fundo Pidima, de manera violenta por un fuerte contingente de carabineros, quienes, actuaron descriteriadamente en contra mujeres y niños que acompañaban nuestra recuperación de nuestras tierras. Tres de nuestros hermanos mapuche quedaron detenido (Miguel Collio Gonzáles, Miguel Huentecol Panitru y Hugo Marcelino Panitru Guajardo). Ante esto nuestras comunidades no desistiremos del proceso de restitución de nuestras tierras las que seguiremos reivindicando, nada nos amedrentara, al contrario la violencia de carabineros nos hace mas fuerte y lucharemos con mas energía por alcanzar el objetivo final.
4.-Reiteramos que pese al desalojo, mantendremos la ocupados los predios: Pidima, El Peumo y los Maitenes de propiedad Legal de Forestal Arauco, y ante el silencio del gobierno y la propia empresa, damos por entendido que han aceptado como legitima nuestra movilización. Por lo tanto, en los próximos días iniciaremos trabajos al interior de los predios para ir tomando posición material de manera definitiva de cada uno de los predios antes mencionados.
Finalmente reiteramos nuestro compromiso al dialogo y al mismo tiempo hacemos un llamado a las comunidades mapuches de Ercilla y Collipulli a que se movilicen por sus derechos territoriales y solidaricen con quienes ya hemos iniciados el camino de la autodeterminación mapuche.
Atentamente,
Luis huentecol
Antonio Panitru Bajo
Rodrigo Curipan
Ranquilco Nag
WALLMAPU: Ercilla, 26 de marzo de 2009.
"Reiteramos nuestro compromiso al dialogo y al mismo tiempo hacemos un llamado a las comunidades mapuches de Ercilla y Collipulli a que se movilicen por sus derechos territoriales y solidaricen con quienes ya hemos iniciados el camino de la autodeterminación mapuche"...
III C O M U N I C A D O M A P U C H E
Las comunidades Mapuche, Antonio Panitru (sector Lonco Mahuida), Ranquilco Nag, Ignacio Lemun, Requem Pillan, Antonio Panitru (sector Aguas Buenas) de la comuna de Collipulli y Ercilla, emitimos el siguiente comunicado público.
1.- Las comunidades antes mencionadas, que hemos iniciado el proceso de recuperación de nuestras tierras usurpadas por la empresa forestal Arauco, a partir del día jueves 19 de marzo del presente, venimos a reafirmar nuestro compromiso y convicción de mantener nuestra movilización de manera indefinida hasta encontrar la solución definitiva a nuestras demandas.
2.- Rechazamos de manera enérgica el accionar político del gobierno, particularmente del gobernador de la provincia de Malleco Jorge Saffirio, porque no ha tenido la capacidad ni la voluntad política de buscar vías de solución a lo demandado por nuestras comunidades. Es inaceptable que el representante máximo del ministerio del interior, cada vez que hemos intentado dialogar, nos ha desalojado de la gobernación, con esta actitud sería mejor que dejara su cargo a carabineros de chile, porque son los que finalmente terminan dialogando con nosotros y luego nos desalojan. Al parecer el señor gobernador no lo toma en cuenta nadie del gobierno, eso muestra que no tiene ninguna atribución en su envestidura como feje provincial.
3.-En el día de hoy jueves hemos sido desalojados del fundo Pidima, de manera violenta por un fuerte contingente de carabineros, quienes, actuaron descriteriadamente en contra mujeres y niños que acompañaban nuestra recuperación de nuestras tierras. Tres de nuestros hermanos mapuche quedaron detenido (Miguel Collio Gonzáles, Miguel Huentecol Panitru y Hugo Marcelino Panitru Guajardo). Ante esto nuestras comunidades no desistiremos del proceso de restitución de nuestras tierras las que seguiremos reivindicando, nada nos amedrentara, al contrario la violencia de carabineros nos hace mas fuerte y lucharemos con mas energía por alcanzar el objetivo final.
4.-Reiteramos que pese al desalojo, mantendremos la ocupados los predios: Pidima, El Peumo y los Maitenes de propiedad Legal de Forestal Arauco, y ante el silencio del gobierno y la propia empresa, damos por entendido que han aceptado como legitima nuestra movilización. Por lo tanto, en los próximos días iniciaremos trabajos al interior de los predios para ir tomando posición material de manera definitiva de cada uno de los predios antes mencionados.
Finalmente reiteramos nuestro compromiso al dialogo y al mismo tiempo hacemos un llamado a las comunidades mapuches de Ercilla y Collipulli a que se movilicen por sus derechos territoriales y solidaricen con quienes ya hemos iniciados el camino de la autodeterminación mapuche.
Atentamente,
Luis huentecol
Antonio Panitru Bajo
Rodrigo Curipan
Ranquilco Nag
WALLMAPU: Ercilla, 26 de marzo de 2009.
jueves, 19 de marzo de 2009
Carta de la Comunidad Ignacio Queipul Millanao de Temucuicui
Es nuestra deber y obligación comunicar a la opinión pública nacional e internacional, sobre los últimos acontecimientos de nuestra lucha y demanda territorial legítima y, la mentira comunicacional propagada por el Gobierno en esta región, orquestada por la Intendenta:
1. Los argumentos de nuestras demandas territorial son por todos conocidas al igual que los medios que hemos propiciados para concretarlas. De tal manera que nadie puede venir a decirnos que no buscamos el entendimiento y el diálogo político para resolver el traspaso de nuestras tierras que están hoy en manos ajenas.
2. Lo anterior, se concretó en un acuerdo firmado con el Gobierno en nuestra propia sede comunitaria con la presencia de más de un centenar de nuestros comuneros el día 23 de febrero del presente año, acuerdo que próximamente daremos a conocer íntegramente a la opinión pública. Allí, hay un compromiso tácito del Gobierno en orden a hacer todas las gestiones a su alcance para lograr la compra de los predios demandados cuyo plazo para la realización de dichas gestiones fue el día 15 de marzo del presente. Junto con ello, los resultados de tales gestiones serían comunicados frente a toda la asamblea el día 15, más allá de la calidad de los mismos, cosa que no ocurrió.
3. Debemos clarificar entonces que nuestra comunidad nunca rompió el compromiso firmado. El gobierno regional buscó manipularnos y desperfilar el acuerdo enviando a Ercilla a una persona de apellido Coñoeman el viernes 13 de marzo, quien nos llevó a conversar con el subdirector CONADI Daniel Neculapan para que éste nos repitiera el sermón de la paciencia y la espera; todo eso, sin hacerse cargo del compromiso contraído entre las partes.
4. Uno de los temas comprometidos tiene que ver con la tasación de los predios, lo cual –extraoficialmente- se sabe que estaría hecho con mucha antelación a la firma del compromiso en cuestión, sobre lo cual, nada le ha informado formalmente a nuestra comunidad. Es responsabilidad del Gobierno ese tema, así como las negociaciones directas con el particular (Urban), cosa que tampoco ha realizado, como lo ratifica públicamente el hijo de éste.
5. Todo ello, gatillo la ocupación del fundo por nuestra gente el día lunes 16 del presente y posterior desalojo por más de 300 efectivos policiales el martes 17; luego de lo cual, la Intendenta regional y su vocero se han empeñado en desprestigiarnos y comunicar todo lo contrario de la evidencia que dice que el Gobierno no cumplió y miente, des-informando al país y ocultando la verdad y engañando la fe pública, cuya gravedad se la daremos a conocer a la Presidenta y a los organismos internacionales a través de una carta al más alto nivel. Así mismo exigimos a la Intendenta disculpas públicas o su renuncia por su grave irresponsabilidad en esta materia. Por su parte la CONADI, Neculpan y el gobernador de Malleco (firmantes) guardan absoluto silencio ¿porqué? Simplemente porque en Temucuicui estamos en lo cierto y actuamos con la verdad. Entonces, nos queda preguntarnos si quieren jugar con nosotros, si hay racismo o simplementa ignorancia absoluta en el nivel regional del Gobierno con el tema mapuche.
6. Finalmente, junto con agradecer las muestras de solidaridaridad y apoyo desde todo el territorio mapuche, comunicamos que a la luz de todos los antecedentes expuesto y de nuestro derechos territoriales, históricos, económicos y políticos, nuestra comunidad continuará con sus movilizaciones por el territorio; y al mismo tiempo participará decididamente en instancias mapuche de coordinación para el cumplimiento efectivo –y no engañoso- del Convenio Nº 169 de la OIT en nuestra nación mapuche.
Mijael Queipul
Werkien – Vocero de la comunidad
Juan catrillanca
Logko
Esta agrupación denuncia mentira y desinformación propiciada por el gobierno en la región y anuncia nuevas movilizaciones desde el territorio mapuche.
1. Los argumentos de nuestras demandas territorial son por todos conocidas al igual que los medios que hemos propiciados para concretarlas. De tal manera que nadie puede venir a decirnos que no buscamos el entendimiento y el diálogo político para resolver el traspaso de nuestras tierras que están hoy en manos ajenas.
2. Lo anterior, se concretó en un acuerdo firmado con el Gobierno en nuestra propia sede comunitaria con la presencia de más de un centenar de nuestros comuneros el día 23 de febrero del presente año, acuerdo que próximamente daremos a conocer íntegramente a la opinión pública. Allí, hay un compromiso tácito del Gobierno en orden a hacer todas las gestiones a su alcance para lograr la compra de los predios demandados cuyo plazo para la realización de dichas gestiones fue el día 15 de marzo del presente. Junto con ello, los resultados de tales gestiones serían comunicados frente a toda la asamblea el día 15, más allá de la calidad de los mismos, cosa que no ocurrió.
3. Debemos clarificar entonces que nuestra comunidad nunca rompió el compromiso firmado. El gobierno regional buscó manipularnos y desperfilar el acuerdo enviando a Ercilla a una persona de apellido Coñoeman el viernes 13 de marzo, quien nos llevó a conversar con el subdirector CONADI Daniel Neculapan para que éste nos repitiera el sermón de la paciencia y la espera; todo eso, sin hacerse cargo del compromiso contraído entre las partes.
4. Uno de los temas comprometidos tiene que ver con la tasación de los predios, lo cual –extraoficialmente- se sabe que estaría hecho con mucha antelación a la firma del compromiso en cuestión, sobre lo cual, nada le ha informado formalmente a nuestra comunidad. Es responsabilidad del Gobierno ese tema, así como las negociaciones directas con el particular (Urban), cosa que tampoco ha realizado, como lo ratifica públicamente el hijo de éste.
5. Todo ello, gatillo la ocupación del fundo por nuestra gente el día lunes 16 del presente y posterior desalojo por más de 300 efectivos policiales el martes 17; luego de lo cual, la Intendenta regional y su vocero se han empeñado en desprestigiarnos y comunicar todo lo contrario de la evidencia que dice que el Gobierno no cumplió y miente, des-informando al país y ocultando la verdad y engañando la fe pública, cuya gravedad se la daremos a conocer a la Presidenta y a los organismos internacionales a través de una carta al más alto nivel. Así mismo exigimos a la Intendenta disculpas públicas o su renuncia por su grave irresponsabilidad en esta materia. Por su parte la CONADI, Neculpan y el gobernador de Malleco (firmantes) guardan absoluto silencio ¿porqué? Simplemente porque en Temucuicui estamos en lo cierto y actuamos con la verdad. Entonces, nos queda preguntarnos si quieren jugar con nosotros, si hay racismo o simplementa ignorancia absoluta en el nivel regional del Gobierno con el tema mapuche.
6. Finalmente, junto con agradecer las muestras de solidaridaridad y apoyo desde todo el territorio mapuche, comunicamos que a la luz de todos los antecedentes expuesto y de nuestro derechos territoriales, históricos, económicos y políticos, nuestra comunidad continuará con sus movilizaciones por el territorio; y al mismo tiempo participará decididamente en instancias mapuche de coordinación para el cumplimiento efectivo –y no engañoso- del Convenio Nº 169 de la OIT en nuestra nación mapuche.
Mijael Queipul
Werkien – Vocero de la comunidad
Juan catrillanca
Logko
Esta agrupación denuncia mentira y desinformación propiciada por el gobierno en la región y anuncia nuevas movilizaciones desde el territorio mapuche.
domingo, 15 de marzo de 2009
Elena Varela entrevistada en el Programa Wixage Anai en Radio Tierra
“Estamos siendo castigados por denunciar”; “hay un atropello a la libertad de expresión enorme”
Este martes 17 de marzo en un juicio oral en Rancagua enfrentará los cargos de asociación ilícita, robo con homicidio y robo con violencia. Su equipo de defensa encabezado por el ex juez Juan Guzmán Tapia sostiene que no hay ninguna prueba consistente que avale los cargos de la fiscalía. Entrevistada por el programa mapuche Wixage Anai, la cineasta explicó que mientras hacía su magíster en Alemania, conoció una antropóloga que le contó acerca del racismo y discutieron si Chile tenía la calidad de un país racista. “Y ella me dijo sí, yo te voy a demostrar y mostró las fotografías. Y Por primera vez yo vi el drama que vive el pueblo mapuche en el sur”, explica Varela.
Por Elías Paillan, Jvfken Mapu, domingo 15 de marzo de 2009
Elena Varela se ve serena y muy tranquila. A sus 46 años esta pronto a enfrentar uno de sus mayores retos de su vida. El fiscal Servando Pérez pide quince años de prisión para ella y veinte para otros dos detenidos ese mismo día 7 de mayo del año pasado. Piensa en su hija de 16 años, sin duda es su fortaleza. También sabe que el newen mapuche esta con ella. Cineasta y documentalista, artista y creadora, licenciada en música en la Universidad de Chile, intérprete en clarinete, saxofón, compositora, directora de orquesta, Magíster en Artes con mención en musicología, educadora de música y lenguaje audiovisual, sin duda buen currículum.
Por eso en 2007 ganó un concurso del Fondo Nacional del Cine para realizar un documental titulado “Newen Mapuche”, (La fuerza de la gente de la tierra) y cuando se encontraba trabajando en el registro y rodaje cuyas locaciones eran comunidades mapuche en el sur, fue brutalmente allanada aquel 7 de mayo en su lugar de trabajo y todo el material requisado. Con libertad diurna desde agosto del año pasado, tras haber estado tres meses en prisión en la Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, llegó algo atrasada este sábado 14 a los estudio de Radio Tierra para ser entrevistada por Richard Curinao y Elisabet Huenchual del programa Wixage Anai que produce el Centro Jvfken Mapu. Esta es la conversación sostenida.
¿Qué le inspiró hacer un documental sobre la temática Mapuche?
Yo llegué al sur hace seis años mas o menos y venía ya con el espíritu de poder denunciar una cosa, un documental que vi, un documento fotográfico en Alemania. Yo me entero del atropello y violación de los derechos humanos en un magíster que yo fui hacer en Alemania de etnomusicología, es como el estudio de la música de las etnias que tiene en todo el mundo occidental. Y conocí una antropóloga que me contó acerca del racismo en Alemania porque hay un todo un programa contra el fascismo por toda la violación a los derechos humanos y dentro de eso discutíamos mucho si Chile tenía la calidad de un país racista y ella me dijo sí, yo te voy a demostrar y mostró las fotografías. Y Por primera vez yo vi el drama que vive el pueblo mapuche en el sur. Y viendo las fotografías, uno dice ver para creer y fue mi primera fuente de inspiración poder saber esa verdad. Poder grabarla en un documento que se sepa a nivel mundial que así es. Cuando partí de allá hacia acá, pensé que no era tan simple y dude un poco de las violaciones de derechos humanos que hay en el sur, pero allá (en el sur) al estar presente y a los pocos meses me di cuenta de todo lo que existe y llegó justo con el juicio de la Chepa y de los dos lonkos y me hace estremecerme como persona, porque yo creo que todas las personas tenemos esa cualidad y que hay que explotarla en la comunidad nacional en general, de poder sentir el dolor del otro. Y fue como la primera fuerza y ya cuando sentí en carne propia el dolor y también la música yendo a los guillatunes y todo eso me empezó a transformar y la verdad que ahí me llenó el corazón.
Estuvo presente en algunos allanamientos en el sur, si nos puede contar detalle de esos, cómo se realizaban.
Me estremeció mucho el allanamiento en la zona de Temucuicui. En una oportunidad fui a grabar ahí, una entrevista, y estando presente carabineros ingresó de forma muy sorpresiva en realidad y no tuvo ninguna compasión con nadie ni con nada y para mí eso era lo último que yo había visto a la dictadura militar. Fue súper fuerte para mí ver eso y todo mi equipo de cine quedó realmente sorprendido. Porque nosotros como chilenos en general no pensamos estas cosas, pensamos que están superadas y el problema más allá del mundo de ser mapuche, somos latinoamericanos y Latinoamérica esta llena de identidades y tenemos que respetarnos, Y ahí estábamos viendo el atropello no solo al tema que tiene que ver con la comunidad en sí, sino con los niños, eso lo que más fuerte me llegó y además que he visto todos los dibujos que hacen los niños que constantemente son allanadas y sus padres son tomados detenidos delante de ellos, no hay realmente ningún respeto.
Crée UD que el estado chileno en si tiene como objetivo amedrentar al pueblo mapuche y en su trabajo, cómo se fue dando la persecución hacia usted y la requisión de su trabajo, de todo el montaje que se hizo en su contra.
De los cinco años de investigación de parte de la inteligencia nacional en la cual no solamente fue el día del allanamiento cuando me requisaron el material, sino que, hubieron varias oportunidades en la que quisieron captar información, el caso del robo a mi vivienda, en mi automóvil. Cuando fueron las huelgas de hambre que yo estaba filmando, entré a ver a los presos y la gente que estaba reunida en un guillatún fuera de la cárcel me decían que habían sido carabineros, o sea que eran carabineros civiles. Y yo ya había preparado mi camino para guardar el material audiovisual y siempre lo dejé en otro lado y llegó el momento en que por el contrato de esta gente y bien premiada, y esa gente dice pero veamos todo el material que hay porque nosotros tenemos que ver lo que hay para sentir lo que estamos haciendo. Nosotros solidarizamos de alguna manera en el tema, no entendemos bien y queremos ver, bueno fue el momento en que yo fui a ver el material que estaba resguardado en otro lado y lo lleve al lugar donde me allanaron. Pero fue cinco años de búsqueda en el cual se abrieron las ventanas de mi casa, yo la encontraba abierta y situaciones similares donde estaban ya investigando. Investigaron con quien yo me veía. A las comunidades yo creo que no entraron, porque se nota altiro cuando entran los sistemas de inteligencia. Pero inmediatamente veían que yo entraba a ciertas comunidades y que si yo trabajaba la temática con ciertos dirigentes y dentro de la investigación que se ha realizado se habla mucho que yo voy a realizar los presos políticos mapuche. Entonces después con todo este proceso me veo involucrado en el asalto, o sea, que no tiene nada que ver con el tema y dentro de mi equipo de cine, habían tres mapuche que yo los preparé durante esos cinco años para trabajar en cine, un director de arte, una persona que era bilingüe porque la película esta narrada en mapuzugun y una persona que hacía la parte del actor principal que era el clandestino dentro de la película, clandestino y acusado bajo la ley antiterrorista. El día que nos allanan ellos sabía que estaba el clandestino, pero que no era un clandestino real, sino hacía el papel de clandestino que podrían ser miles, por decir algo. Entonces ese manejo que hubo, esa investigación fue súper minuciosa, semanas antes habían sacado la ventana intacta de mi casa y pusieron seguramente micrófonos. Y por qué digo eso, porque cuando me detienen me preguntan qué es lo que yo hablaba detrás. Días antes de esa detención habíamos grabado un discurso que hacía el clandestino cuando decidía irse por la montaña del lado argentino y yo no estaba ahí, estaba en otro lado mientras el sonidista grababa con el clandestino el mensaje. Y por teléfono nosotros se lo mostramos a una compañera que esta haciendo la traducción bilingüe para que ella escuchara si estaba bien el discurso, de manera que ellos (la inteligencia), captaron todo el discurso, debe estar todo grabado. El discurso finalmente en el idioma nuestro hablaba de que de que este clandestino denunciaba todos los atropellos de los derechos humanos y violación al pueblo mapuche. Quería irse hacia el otro lado que en Chile se le estaba persiguiendo como se habían perseguido a otros y ya habían caído todos y estaban por ley antiterrorista, eso es parte de la película. Pero aquí se distorsionan todas las cosas y se vuelve todo este argumento de cuento a una realidad y que pasa a ser un asalto.
Esto es un montaje y si nos puede contar acerca del juicio que se viene para el 17 de marzo en Rancagua
Mira yo he hecho dos películas en los últimos tiempos y una tiene que ver con el MIR y ahí hay un caso, ellos buscan gente del mir que han realizado ciertas actividades en el sur de Chile y también tengo personajes perseguidos y clandestinos de la época de los 80 a la fecha. Entonces existe un asalto en Machalí y ellos (la inteligencia), tratan de vincularme al asalto de alguna manera para requisarme todo el material como la oportunidad que tienen para violar mis derechos, sacarme toda la información sobre el material y finalmente lo que los abogados piensan es amedrentar a la comunidad. Es decir, todo aquel que solidariza con el pueblo mapuche, con este tipo de causa, va a ser reprimido y es un terror porque todos los compañeros que trabajan el cine y del arte, de alguna manera se vieron súper afectados y de alguna manera se expresan, pero hay un atropello a la libertad de expresión enorme, entonces la gente dice hoy día, bueno es un asalto pero en el fondo de tu corazón tu sabes que no hay un asalto, tu construyes una historia como es y ellos la desvirtúan a través de los medios de comunicación. Es muy profundo, hay varias aristas en este tema, una tiene que ver con el conflicto mapuche con el estado chileno, otra tiene que ver con el tema político represor hacia la izquierda, otra tiene que ver con la gente que hace cultura o de denuncia y nosotros estamos siendo castigados por denunciar, ese es el final de esta historia. Y en el caso mío es eso, o sea, el asalto es nada, porque los tres mapuche que llevaron detenidos ese día y que son parte de la productora de cine no son preguntados por el asalto, sino por la quema de los camiones en la zona de Collipulli. Y quien los interroga es el fiscal de Collipulli.
lunes, 23 de febrero de 2009
Gobierno revive ley antiterrorista
Indígenas de Chile:
Gobierno revive ley antiterrorista
"Llegaron aquí apuntándonos con la metralleta. Lo encontraron en el pasillo, lo tomaron del pelo, lo botaron al suelo, lo golpearon" relató a IPS Ida Huenulef sobre la detención de su hijo Miguel, el primer mapuche que el gobierno chileno de Michelle Bachelet busca condenar apelando a la ley antiterrorista.
*Por Pamela Sepúlveda, IPS, lunes 23 de febrero de 2009
Según los testimonios de la familia, la noche del 11 de febrero, sin previa identificación ni orden de allanamiento, la policía uniformada de Carabineros y fuerzas especiales ingresaron a su vivienda en la comuna de Lo Prado, en el sector oeste de Santiago.Miguel Tapia Huenulef, de 45 años, fue detenido en presencia de toda su familia, que también sufrió la violencia del operativo.
"Voy a buscar a mi guagüita (hijita) y la apuntaron con la metralleta y cuando ella tomó a su guagüita, viene otro carabinero y la apunta en su cabecita a la guagüita", dijo Ida Huenulef describiendo el momento en que un uniformado encañonó a su nieta de sólo 20 días de nacida.
La policía buscaba a Miguel Tapia Huenulef por su supuesta vinculación en un atentado incendiario cometido en enero en la propiedad rural de San Leandro, más de 600 kilómetros al sur de Santiago, que es parte del territorio reivindicado por el pueblo indígena mapuche, y por su presunta responsabilidad en un ataque al edificio de la Defensoría Penal Pública en diciembre de 2008.
Según la policía, en el domicilio se encontraron armas, como una subametralladora nueve milímetros con dos cargadores, y elementos para la fabricación de explosivos, además de plantas de marihuana.
La familia Tapia Huenulef y organizaciones mapuches sostienen que se trata de una persecución y un montaje para incriminarlo sólo por ser indígena.
"No, nada, ninguna cosa. Ellos dicen que mis hijos tenían armamento de guerra, dígame usted, a quién se le pude ocurrir viviendo con su familia, habiendo niños en la casa, van a tener armamento en su casa", enfatizó la madre del detenido, agregando que los policías no encontraron nada en su habitación, "…porque salieron, los carabineros salieron y no encontraron nada. Y después yo vi pasar a personas con bolsos".
El portavoz de la organización Meli Wixán Mapu (Los Cuatro Puntos de la Tierra), Enrique Antileo, también dijo a IPS que el allanamiento es una muestra de la política represiva de las autoridades."Hay un montaje, implantación de armas, y damos toda la fe, apoyamos a la familia en todo momento. Esto es la continuidad de una política represiva al movimiento social mapuche", señaló Antileo.
LEY ANTITERRORISTA
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, declaró a la prensa que en este caso se configuraban los antecedentes de una organización terrorista, "…por consiguiente vamos a aplicar todas las medidas correspondientes, inclusive, vamos a invocar la aplicación de la ley antiterrorista".
Una semana después, la familia Tapia Huenulef todavía no había visto a Miguel, incomunicado y trasladado a la Región de la Araucanía, casi 700 kilómetros al sur de Santiago, según les informaron las autoridades. Tampoco sabían que las afirmaciones del ministro del Interior se habían concretado en una acusación formal.
La Subsecretaría del Interior y el gobierno regional de la Araucanía confirmaron a IPS que fue presentada ante la justicia una querella criminal por la ley antiterrorista, firmada por el subsecretario Patricio Rosende. Pero se negaron a dar declaraciones.
Ésta es la primera vez que el gobierno de la socialista Michelle Bachelet utiliza contra un mapuche esta norma, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La ley, decretada por el régimen militar para perseguir opositores políticos, otorga mayores atribuciones a las policías y a la justicia."
En campaña electoral (Bachelet) prometió que no se iba a aplicar la ley antiterrorista en causas en que estuvieran involucrados miembros del pueblo mapuche", recordó Rodolfo Valdivia, codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
No se configura una acción de terrorismo en la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones, dijo Valdivia a IPS. "No hay en los hechos una organización que tenga por finalidad generar cierta sensación de temor en la población, no hay una organización que vaya a llevar a cabo esos delitos, que señala la ley como delitos terroristas", aseveró."
Para nosotros no es extraño que el gobierno de Bachelet..., en complicidad con los grupos económicos, aplique leyes arbitrarias para contener la movilización social mapuche", señaló Antileo.La ley antiterrorista es una de las herencias dictatoriales más cuestionadas por organizaciones indígenas y de derechos humanos.
En los últimos años, el Estado chileno ha recibido varias recomendaciones para revisar su legislación y las políticas con que enfrenta las demandas del pueblo mapuche, de entidades como Amnistía Internacional, el Observatorio de Derechos Indígenas y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, entre otros.
PERSECUCIÓN
"Hay una tendencia a la criminalización de la protesta mapuche en general. El pueblo mapuche, cuando protesta, históricamente ha sido callado de las maneras más violentas posibles", dijo Valdivia.
El gobierno niega que exista persecución ni presos políticos mapuches, como denuncian las organizaciones indígenas. Los observadores de derechos humanos creen lo contrario.
"Desde la perspectiva de derechos humanos, claro que sí. Por la forma de pensar, por querer la autonomía, que se reconozca la autonomía del pueblo mapuche", explicó Valdivia.
Los activistas reconocen y valoran las acciones de Bachelet para delinear una política hacia el reconocimiento constitucional de la multiculturalidad y numerosas iniciativas en materia de educación y salud de los pueblos originarios.
Pero la respuesta a las demandas históricas de esta etnia (mapuche significa "gente de la tierra", en la lengua mapuzungun) como la recuperación de tierras, todavía es muy tímida. El reclamo de autonomía --reconocimiento no sólo como una expresión cultural dentro del país, sino como nación mapuche con derechos políticos y territoriales-- es ignorado o llevado como conflicto a un plano judicial.
Según la organización Meli Wixán Mapu, más de 40 indígenas están en prisión condenados o procesados por causas relacionadas a sus reivindicaciones. Alrededor de 500 personas de este pueblo habrían sido procesadas desde el retorno a la democracia en 1990. Para ellos son presos políticos."No son delincuentes, no son asaltantes, ni violadores, ni nada por el estilo, sino que lo único que han hecho es realizar acciones dentro del marco de movilizaciones de nuestro pueblo para reivindicar sus derechos", dijo Antileo.
En opinión de Valdivia, la reciente absolución otorgada por la justicia al lonko (autoridad tradicional) Avelino Meñaco, de la comunidad Pascual Koña, da luces sobre la validez de los cuestionamientos a la aplicación de figuras penales contra las protestas.
Luego de ocho meses en la cárcel, Meñaco fue absuelto de los cargos de atentado incendiario a una cabaña, gracias a la defensa del reconocido jurista y ex juez Juan Guzmán, recordado por haber sido el primero que procesó a Pinochet."
Eso viene a confirmar que existe cierta persecución, por intentar tener condenas contra personas mapuches, como lonkos y dirigentes. Pero en el momento del debate netamente jurídico penal, se acredita que no existen antecedentes para condenarlos y han sido declarados inocentes en varias causas", argumentó Valdivia.
Según la Encuesta de Caracterización Económica, 1.060.786 personas, 6,6 por ciento de los habitantes de Chile, se identificaban en 2006 como indígenas. El 19 por ciento de ellas son pobres o indigentes. Los mapuches representan 87 por ciento de la población aborigen de este país sudamericano.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=91350
Gobierno revive ley antiterrorista
"Llegaron aquí apuntándonos con la metralleta. Lo encontraron en el pasillo, lo tomaron del pelo, lo botaron al suelo, lo golpearon" relató a IPS Ida Huenulef sobre la detención de su hijo Miguel, el primer mapuche que el gobierno chileno de Michelle Bachelet busca condenar apelando a la ley antiterrorista.
*Por Pamela Sepúlveda, IPS, lunes 23 de febrero de 2009
Según los testimonios de la familia, la noche del 11 de febrero, sin previa identificación ni orden de allanamiento, la policía uniformada de Carabineros y fuerzas especiales ingresaron a su vivienda en la comuna de Lo Prado, en el sector oeste de Santiago.Miguel Tapia Huenulef, de 45 años, fue detenido en presencia de toda su familia, que también sufrió la violencia del operativo.
"Voy a buscar a mi guagüita (hijita) y la apuntaron con la metralleta y cuando ella tomó a su guagüita, viene otro carabinero y la apunta en su cabecita a la guagüita", dijo Ida Huenulef describiendo el momento en que un uniformado encañonó a su nieta de sólo 20 días de nacida.
La policía buscaba a Miguel Tapia Huenulef por su supuesta vinculación en un atentado incendiario cometido en enero en la propiedad rural de San Leandro, más de 600 kilómetros al sur de Santiago, que es parte del territorio reivindicado por el pueblo indígena mapuche, y por su presunta responsabilidad en un ataque al edificio de la Defensoría Penal Pública en diciembre de 2008.
Según la policía, en el domicilio se encontraron armas, como una subametralladora nueve milímetros con dos cargadores, y elementos para la fabricación de explosivos, además de plantas de marihuana.
La familia Tapia Huenulef y organizaciones mapuches sostienen que se trata de una persecución y un montaje para incriminarlo sólo por ser indígena.
"No, nada, ninguna cosa. Ellos dicen que mis hijos tenían armamento de guerra, dígame usted, a quién se le pude ocurrir viviendo con su familia, habiendo niños en la casa, van a tener armamento en su casa", enfatizó la madre del detenido, agregando que los policías no encontraron nada en su habitación, "…porque salieron, los carabineros salieron y no encontraron nada. Y después yo vi pasar a personas con bolsos".
El portavoz de la organización Meli Wixán Mapu (Los Cuatro Puntos de la Tierra), Enrique Antileo, también dijo a IPS que el allanamiento es una muestra de la política represiva de las autoridades."Hay un montaje, implantación de armas, y damos toda la fe, apoyamos a la familia en todo momento. Esto es la continuidad de una política represiva al movimiento social mapuche", señaló Antileo.
LEY ANTITERRORISTA
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, declaró a la prensa que en este caso se configuraban los antecedentes de una organización terrorista, "…por consiguiente vamos a aplicar todas las medidas correspondientes, inclusive, vamos a invocar la aplicación de la ley antiterrorista".
Una semana después, la familia Tapia Huenulef todavía no había visto a Miguel, incomunicado y trasladado a la Región de la Araucanía, casi 700 kilómetros al sur de Santiago, según les informaron las autoridades. Tampoco sabían que las afirmaciones del ministro del Interior se habían concretado en una acusación formal.
La Subsecretaría del Interior y el gobierno regional de la Araucanía confirmaron a IPS que fue presentada ante la justicia una querella criminal por la ley antiterrorista, firmada por el subsecretario Patricio Rosende. Pero se negaron a dar declaraciones.
Ésta es la primera vez que el gobierno de la socialista Michelle Bachelet utiliza contra un mapuche esta norma, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La ley, decretada por el régimen militar para perseguir opositores políticos, otorga mayores atribuciones a las policías y a la justicia."
En campaña electoral (Bachelet) prometió que no se iba a aplicar la ley antiterrorista en causas en que estuvieran involucrados miembros del pueblo mapuche", recordó Rodolfo Valdivia, codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
No se configura una acción de terrorismo en la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones, dijo Valdivia a IPS. "No hay en los hechos una organización que tenga por finalidad generar cierta sensación de temor en la población, no hay una organización que vaya a llevar a cabo esos delitos, que señala la ley como delitos terroristas", aseveró."
Para nosotros no es extraño que el gobierno de Bachelet..., en complicidad con los grupos económicos, aplique leyes arbitrarias para contener la movilización social mapuche", señaló Antileo.La ley antiterrorista es una de las herencias dictatoriales más cuestionadas por organizaciones indígenas y de derechos humanos.
En los últimos años, el Estado chileno ha recibido varias recomendaciones para revisar su legislación y las políticas con que enfrenta las demandas del pueblo mapuche, de entidades como Amnistía Internacional, el Observatorio de Derechos Indígenas y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, entre otros.
PERSECUCIÓN
"Hay una tendencia a la criminalización de la protesta mapuche en general. El pueblo mapuche, cuando protesta, históricamente ha sido callado de las maneras más violentas posibles", dijo Valdivia.
El gobierno niega que exista persecución ni presos políticos mapuches, como denuncian las organizaciones indígenas. Los observadores de derechos humanos creen lo contrario.
"Desde la perspectiva de derechos humanos, claro que sí. Por la forma de pensar, por querer la autonomía, que se reconozca la autonomía del pueblo mapuche", explicó Valdivia.
Los activistas reconocen y valoran las acciones de Bachelet para delinear una política hacia el reconocimiento constitucional de la multiculturalidad y numerosas iniciativas en materia de educación y salud de los pueblos originarios.
Pero la respuesta a las demandas históricas de esta etnia (mapuche significa "gente de la tierra", en la lengua mapuzungun) como la recuperación de tierras, todavía es muy tímida. El reclamo de autonomía --reconocimiento no sólo como una expresión cultural dentro del país, sino como nación mapuche con derechos políticos y territoriales-- es ignorado o llevado como conflicto a un plano judicial.
Según la organización Meli Wixán Mapu, más de 40 indígenas están en prisión condenados o procesados por causas relacionadas a sus reivindicaciones. Alrededor de 500 personas de este pueblo habrían sido procesadas desde el retorno a la democracia en 1990. Para ellos son presos políticos."No son delincuentes, no son asaltantes, ni violadores, ni nada por el estilo, sino que lo único que han hecho es realizar acciones dentro del marco de movilizaciones de nuestro pueblo para reivindicar sus derechos", dijo Antileo.
En opinión de Valdivia, la reciente absolución otorgada por la justicia al lonko (autoridad tradicional) Avelino Meñaco, de la comunidad Pascual Koña, da luces sobre la validez de los cuestionamientos a la aplicación de figuras penales contra las protestas.
Luego de ocho meses en la cárcel, Meñaco fue absuelto de los cargos de atentado incendiario a una cabaña, gracias a la defensa del reconocido jurista y ex juez Juan Guzmán, recordado por haber sido el primero que procesó a Pinochet."
Eso viene a confirmar que existe cierta persecución, por intentar tener condenas contra personas mapuches, como lonkos y dirigentes. Pero en el momento del debate netamente jurídico penal, se acredita que no existen antecedentes para condenarlos y han sido declarados inocentes en varias causas", argumentó Valdivia.
Según la Encuesta de Caracterización Económica, 1.060.786 personas, 6,6 por ciento de los habitantes de Chile, se identificaban en 2006 como indígenas. El 19 por ciento de ellas son pobres o indigentes. Los mapuches representan 87 por ciento de la población aborigen de este país sudamericano.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=91350
NUEVAS LEYES INDIGENAS IMPIDEN QUE DUCTO DE CELCO PUEDA MATERIALIZARSE
*Rodolfo Valdivia, abogado del Observatorio Ciudadano, que apoya la defensa del mar, ante la posibilidad de un ducto de Celco dio a conocer la fundamentación jurídica que hace inviable la iniciativa de la empresa forestal.*
La defensa del mar compuesta por organizaciones lafquenches y de pescadores que han levantado una oposición por 12 años en la costa de Mariquina al ducto que Celulosa Arauco pretende construir para la planta Valdivia, y que no permitió a la empresa realizar los estudios "in situ" este invierno frente a la localidad de Mehuín, tiene hoy día gran parte de su argumentación sustentada en fundamentos jurídicos, que se encuentran presentes en la nueva institucionalidad sobre los pueblos originarios.
Rodolfo Valdivia, abogado del Observatorio Ciudadano, organización no gubernamental que está apoyando a las organizaciones defensoras del mar, explicó que la ley sobre uso de borde costero protege los intereses de los pueblos originarios.
En este marco, sostuvo Valdivia, las concesiones de playa solicitadas por organizaciones lafquenches en 50 kilómetros de costa entre Queule y Bonifacio, tienen prioridad ante cualquier empresa.
Estas solicitudes ya están siendo tramitadas y, según la nueva legislación de uso del borde costero, debieran ser entregadas al uso ancestral extractivo de los productos del mar.
CONVENIO 169 OIT
Otra argumentación de los defensores del mar es la ratificación que hizo el Estado de Chile del Convenio 169 de la OIT, por medio del cual se hace necesario primero la información y la existencia del consentimiento de los pueblos afectados por este proyecto de inversión.
"Eso no quiere decir sólo los miembros del pueblo lafquenche que se encuentran en la costa, sino todos aquellos que se encuentran en el trazado del ducto, ya que pasaría por sus propiedad ancestrales que usan hasta el día de hoy", informó el abogado.
Valdivia agregó que "la empresa no ha hecho ese acercamiento de manera abierta ni a través de un diálogo, sino que ha presentado un proyecto a la espera de que sea la Conama la que resuelva sin considerar la opinión de los afectados".
En este escenario de leyes que protegen a los pueblos originarios, Celco-Arauco ha dirigido su estrategia a llegar a acuerdo con sindicatos de pescadores de Mehuín, mediante dinero, pero no con los pueblos originarios, individualmente o a través de sus representantes, explicó Rodolfo Valdivia.
Fuente: Publicada el viernes, 20 de febrero de 2009 en www.valdivianoticias.cl
LOS ESPECTACULARES MONTAJES POLICIALES, EN CONTRA DEL PUEBLO MAPUCHE.
(Por Richard Curinao)
http://werkenkvrvf.blogspot.com
Hoy viernes 20 de febrero en el tribunal oral en lo penal de angol. Presidido por el juez Andrés Villagra Ramírez, fiscales y defensores se dio continuación al juicio en contra de los dirigentes Leonardo Lican Ñanco , Juan Toro Ñanco , Luis Millacheo Ñanco, Andres Lican Lican y Juan Lican Melinao de la comunidad mapuche “Newen Mapu José Millacheo” del sector de chekenco comuna de Ercilla después de haberse atrasado por el cambio que realizo uno de los de los imputados al reemplazar el abogado que le ofrece la defensoría publica. Por un abogado de la causa mapuche.
En este caso la fiscalía Inti mapuche esta utilizando 51 testigos. En la cual cinco de ellos son testigos protegidos, quienes tras biombo, distorsionador de voz y bajo presión del fiscal dan las inventadas declaraciones para tratar de encarcelar a los Hnos. mapuches
Es increíble ver. Tanto en el juicio del lonko Avelino Meñaco como lo fue con el anti fiscal mapuche Mario Elgueta como en este juicio de chekenco. Como los fiscales Elgueta y Miguel Ángel Velásquez han realizados verdaderos montajes en contras de autoridades mapuches utilizando a verdaderos camadas policiales de carabineros de chiles y Policías Especiales (PDI) y a ciertos grupos políticos económicos como testigos para inculpar a las autoridades del pueblo mapuche.
Recordemos que en el caso del lonko Avelino Meñaco unos de los testigos protegido declaro Haver visto al lonko ese día del incendio en el sector de antulafquen vestido con un terno azul,
Es verguensozo escuchar estos testimonios sabiendo que nuestras autoridades normal mente visten vestimenta tradicional originaria. Por lo mismo el juez Juan Guzmán Tapia el cual decidió asumir la defensoría de lonko Avelino Meñaco .
Se tomo la molestia de colocarle un nombre al caso llamándolo el caso del lonco del traje azul.
Es curioso ver a un hombre de campo a un mapuche Lafkenche vestirse con traje. El mismo lonko comente que jamás en su vida a usado un traje azul, ni el día que se licenciaron sus hijos , ni el día de su matrimonio y menos cuando falleció su madre y menos para cometer un hecho un delito de incendio.
Por eso mi llamado es estar atentos y concientes sobre todos con los medios de comunicaciones tradicionales que solo distorsionan las noticias utilizando estrategias comunicacionales para dejar la lucha del pueblo mapuche como una lucha de violencia y terrorismo.
http://werkenkvrvf.blogspot.com
Hoy viernes 20 de febrero en el tribunal oral en lo penal de angol. Presidido por el juez Andrés Villagra Ramírez, fiscales y defensores se dio continuación al juicio en contra de los dirigentes Leonardo Lican Ñanco , Juan Toro Ñanco , Luis Millacheo Ñanco, Andres Lican Lican y Juan Lican Melinao de la comunidad mapuche “Newen Mapu José Millacheo” del sector de chekenco comuna de Ercilla después de haberse atrasado por el cambio que realizo uno de los de los imputados al reemplazar el abogado que le ofrece la defensoría publica. Por un abogado de la causa mapuche.
En este caso la fiscalía Inti mapuche esta utilizando 51 testigos. En la cual cinco de ellos son testigos protegidos, quienes tras biombo, distorsionador de voz y bajo presión del fiscal dan las inventadas declaraciones para tratar de encarcelar a los Hnos. mapuches
Es increíble ver. Tanto en el juicio del lonko Avelino Meñaco como lo fue con el anti fiscal mapuche Mario Elgueta como en este juicio de chekenco. Como los fiscales Elgueta y Miguel Ángel Velásquez han realizados verdaderos montajes en contras de autoridades mapuches utilizando a verdaderos camadas policiales de carabineros de chiles y Policías Especiales (PDI) y a ciertos grupos políticos económicos como testigos para inculpar a las autoridades del pueblo mapuche.
Recordemos que en el caso del lonko Avelino Meñaco unos de los testigos protegido declaro Haver visto al lonko ese día del incendio en el sector de antulafquen vestido con un terno azul,
Es verguensozo escuchar estos testimonios sabiendo que nuestras autoridades normal mente visten vestimenta tradicional originaria. Por lo mismo el juez Juan Guzmán Tapia el cual decidió asumir la defensoría de lonko Avelino Meñaco .
Se tomo la molestia de colocarle un nombre al caso llamándolo el caso del lonco del traje azul.
Es curioso ver a un hombre de campo a un mapuche Lafkenche vestirse con traje. El mismo lonko comente que jamás en su vida a usado un traje azul, ni el día que se licenciaron sus hijos , ni el día de su matrimonio y menos cuando falleció su madre y menos para cometer un hecho un delito de incendio.
Por eso mi llamado es estar atentos y concientes sobre todos con los medios de comunicaciones tradicionales que solo distorsionan las noticias utilizando estrategias comunicacionales para dejar la lucha del pueblo mapuche como una lucha de violencia y terrorismo.
Comunicado de Victor Ancalaf ante la detencion de Miguel Tapia Huenulef
Jueves 19 de febrero de 2009
Yo, Víctor Ancalaf Llaupe, Dirigente Mapuche y ex Preso Político Mapuche, declaro ante las Comunidades y Organizaciones Mapuche así como también ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
El día miércoles 11 de febrero del presente año, fue detenido en Santiago, comuna de Lo Prado, el Peñi Miguel Angel Tapia Huenulef, simpatizante de la Lucha Mapuche, durante un allanamiento que realizó Carabineros de Chile a su casa, en el que supuestamente le encontraron armamento de guerra, entre ellos un fusil, granadas y algunas matas de marihuana.
Todo esto se desarrolla dentro del marco de la investigación por parte de la inteligencia chilena frente al llamado "Conflicto Mapuche". Me llama profundamente la atención la nula voluntad política por parte del Gobierno y el estado en particular, en dar solución a las demandas de los Pueblos Originarios de manera integral y concreta y como se ha distorsionado el origen de nuestras reivindicaciones, llevándolo a un plano en este caso desconocido para nosotros, como es el tema del terrorismo puesto que todos los chilenos saben que este es un movimiento político, social y económico que tiene directa relación con la deuda histórica que el estado chileno tiene con nuestro Pueblo Mapuche.
El movimiento Mapuche en Chile no es un movimiento armado, y el tema de la violencia y del terrorismo es algo que el gobierno y el estado chileno han inventado para distorsionar nuestra Lucha, la que consiste en la recuperación de nuestro territorio usurpado y de nuestros derechos colectivos como Pueblo. Por años, los mapuche hemos desarrollado una lucha con mucho esfuerzo y sacrificio, en la cuál hemos debido enfrentarnos a un sistema injusto, excluyente e inhumano desde el punto de vista cultural como Pueblo Originario, y cuyas consecuencias han sido pasar por la cárcel, enfrentar juicios fraudulentos y aplicación de leyes represivas "antiterroristas", el despojo de nuestro territorio, y en algunos casos incluso la muerte. Nosotros, los Pueblos Originarios, no hemos sido los responsables de los cientos de miles de detenidos desaparecidos en este país, no hemos sido los causantes de los graves atropellos a los derechos humanos y al medio ambiente, de la contaminación de las aguas tanto en el norte como en el sur de nuestros territorios, de la pobreza y la cesantía en las grandes ciudades; es el estado chileno y sus leyes que pretenden defender este sistema capitalista. Nosotros, sólo hemos sido responsables de generar movilizaciones sociales para reivindicar nuestros derechos colectivos como Nación y de rescatar nuestra identidad cultural para heredarla a nuestros hijos y jóvenes
Me llama la atención que en épocas de la Dictadura Militar, frente a los graves atropellos de los derechos humanos provocados por las fuerzas armadas chilenas, la justicia no haya investigado con esmero frente a tanta maldad y crueldad con la que actuaron instituciones de estado como lo fueron la DINA, CNI, o las asociaciones ilícitas como la de Colonia Dignidad y la Villa Grimaldi, que fueron centros de tortura y exterminio, y por último, si aquí en Chile nadie está por encima de la justicia chilena, ¿Por qué entonces uno de los fiscales militares chilenos como es el caso del señor Podlech de la ciudad de Lautaro, se encuentra hoy día procesado y encarcelado por la Justicia italiana, siendo que en Chile nunca fue considerado como un criminal? Creo que los señores jueces y fiscales tienen mucho que reflexionar para actuar con profesionalismo y transparencia, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, no como lo que nos ha ocurrido quienes hemos sido procesados y condenados por la Ley 18.314 que sanciona conductas terroristas, puesto que es evidente que en Chile el terrorismo no existe, sino que es una invención para criminalizar nuestras demandas sociales.
Estamos una vez más frente a un nuevo montaje, que no hace más que demostrar los incesantes intentos de este sistema de criminalizar nuestra lucha, tildándonos de antisociales y terroristas, sin pruebas concretas ni contundentes, y deja de manifiesto que el estado chileno y su gobierno de turno no utilizan otras herramientas mas que las balas y la prisión política para frenar al movimiento mapuche y a quienes solidarizan con nuestra causa.
Hago un llamado a las Comunidades y Organizaciones Mapuche a unir fuerzas y dejar las diferencias a un lado y a pronunciarnos frente a estos temas tan importantes para nuestro Pueblo y para nuestro movimiento, pensando que nuestro Pueblo nos necesita a todos y a cada uno de nosotros por el bien de nuestras futuras generaciones.
Víctor Ancalaf Llaupe.
Ex Preso Político y Dirigente Mapuche
Colli Pulli, Novena Región de la Araucanía, Gulumapu, Chile
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