Pamela Sepúlveda
IPS
"Llegaron aquí apuntándonos con la metralleta. Lo encontraron en el pasillo, lo tomaron del pelo, lo botaron al suelo, lo golpearon" relató a IPS Ida Huenulef sobre la detención de su hijo Miguel, el primer mapuche que el gobierno chileno de Michelle Bachelet busca condenar apelando a la ley antiterrorista.
Según los testimonios de la familia, la noche del 11 de febrero, sin previa identificación ni orden de allanamiento, la policía uniformada de Carabineros y fuerzas especiales ingresaron a su vivienda en la comuna de Lo Prado, en el sector oeste de Santiago.
Miguel Tapia Huenulef, de 45 años, fue detenido en presencia de toda su familia, que también sufrió la violencia del operativo.
"Voy a buscar a mi guagüita (hijita) y la apuntaron con la metralleta y cuando ella tomó a su guagüita, viene otro carabinero y la apunta en su cabecita a la guagüita", dijo Ida Huenulef describiendo el momento en que un uniformado encañonó a su nieta de sólo 20 días de nacida.
La policía buscaba a Miguel Tapia Huenulef por su supuesta vinculación en un atentado incendiario cometido en enero en la propiedad rural de San Leandro, más de 600 kilómetros al sur de Santiago, que es parte del territorio reivindicado por el pueblo indígena mapuche, y por su presunta responsabilidad en un ataque al edificio de la Defensoría Penal Pública en diciembre de 2008.
Según la policía, en el domicilio se encontraron armas, como una subametralladora nueve milímetros con dos cargadores, y elementos para la fabricación de explosivos, además de plantas de marihuana.
La familia Tapia Huenulef y organizaciones mapuches sostienen que se trata de una persecución y un montaje para incriminarlo sólo por ser indígena.
"No, nada, ninguna cosa. Ellos dicen que mis hijos tenían armamento de guerra, dígame usted, a quién se le pude ocurrir viviendo con su familia, habiendo niños en la casa, van a tener armamento en su casa", enfatizó la madre del detenido, agregando que los policías no encontraron nada en su habitación, "…porque salieron, los carabineros salieron y no encontraron nada. Y después yo vi pasar a personas con bolsos".
El portavoz de la organización Meli Wixán Mapu (Los Cuatro Puntos de la Tierra), Enrique Antileo, también dijo a IPS que el allanamiento es una muestra de la política represiva de las autoridades.
"Hay un montaje, implantación de armas, y damos toda la fe, apoyamos a la familia en todo momento. Esto es la continuidad de una política represiva al movimiento social mapuche", señaló Antileo.
LEY ANTITERRORISTA
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, declaró a la prensa que en este caso se configuraban los antecedentes de una organización terrorista, "…por consiguiente vamos a aplicar todas las medidas correspondientes, inclusive, vamos a invocar la aplicación de la ley antiterrorista".
Una semana después, la familia Tapia Huenulef todavía no había visto a Miguel, incomunicado y trasladado a la Región de la Araucanía, casi 700 kilómetros al sur de Santiago, según les informaron las autoridades. Tampoco sabían que las afirmaciones del ministro del Interior se habían concretado en una acusación formal.
La Subsecretaría del Interior y el gobierno regional de la Araucanía confirmaron a IPS que fue presentada ante la justicia una querella criminal por la ley antiterrorista, firmada por el subsecretario Patricio Rosende. Pero se negaron a dar declaraciones.
Ésta es la primera vez que el gobierno de la socialista Michelle Bachelet utiliza contra un mapuche esta norma, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La ley, decretada por el régimen militar para perseguir opositores políticos, otorga mayores atribuciones a las policías y a la justicia.
"En campaña electoral (Bachelet) prometió que no se iba a aplicar la ley antiterrorista en causas en que estuvieran involucrados miembros del pueblo mapuche", recordó Rodolfo Valdivia, codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
No se configura una acción de terrorismo en la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones, dijo Valdivia a IPS. "No hay en los hechos una organización que tenga por finalidad generar cierta sensación de temor en la población, no hay una organización que vaya a llevar a cabo esos delitos, que señala la ley como delitos terroristas", aseveró.
"Para nosotros no es extraño que el gobierno de Bachelet..., en complicidad con los grupos económicos, aplique leyes arbitrarias para contener la movilización social mapuche", señaló Antileo.
La ley antiterrorista es una de las herencias dictatoriales más cuestionadas por organizaciones indígenas y de derechos humanos.
En los últimos años, el Estado chileno ha recibido varias recomendaciones para revisar su legislación y las políticas con que enfrenta las demandas del pueblo mapuche, de entidades como Amnistía Internacional, el Observatorio de Derechos Indígenas y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, entre otros.
PERSECUCIÓN
"Hay una tendencia a la criminalización de la protesta mapuche en general. El pueblo mapuche, cuando protesta, históricamente ha sido callado de las maneras más violentas posibles", dijo Valdivia.
El gobierno niega que exista persecución ni presos políticos mapuches, como denuncian las organizaciones indígenas. Los observadores de derechos humanos creen lo contrario.
"Desde la perspectiva de derechos humanos, claro que sí. Por la forma de pensar, por querer la autonomía, que se reconozca la autonomía del pueblo mapuche", explicó Valdivia.
Los activistas reconocen y valoran las acciones de Bachelet para delinear una política hacia el reconocimiento constitucional de la multiculturalidad y numerosas iniciativas en materia de educación y salud de los pueblos originarios.
Pero la respuesta a las demandas históricas de esta etnia (mapuche significa "gente de la tierra", en la lengua mapuzungun) como la recuperación de tierras, todavía es muy tímida. El reclamo de autonomía --reconocimiento no sólo como una expresión cultural dentro del país, sino como nación mapuche con derechos políticos y territoriales-- es ignorado o llevado como conflicto a un plano judicial.
Según la organización Meli Wixán Mapu, más de 40 indígenas están en prisión condenados o procesados por causas relacionadas a sus reivindicaciones. Alrededor de 500 personas de este pueblo habrían sido procesadas desde el retorno a la democracia en 1990. Para ellos son presos políticos.
"No son delincuentes, no son asaltantes, ni violadores, ni nada por el estilo, sino que lo único que han hecho es realizar acciones dentro del marco de movilizaciones de nuestro pueblo para reivindicar sus derechos", dijo Antileo.
En opinión de Valdivia, la reciente absolución otorgada por la justicia al lonko (autoridad tradicional) Avelino Meñaco, de la comunidad Pascual Koña, da luces sobre la validez de los cuestionamientos a la aplicación de figuras penales contra las protestas.
Luego de ocho meses en la cárcel, Meñaco fue absuelto de los cargos de atentado incendiario a una cabaña, gracias a la defensa del reconocido jurista y ex juez Juan Guzmán, recordado por haber sido el primero que procesó a Pinochet.
"Eso viene a confirmar que existe cierta persecución, por intentar tener condenas contra personas mapuches, como lonkos y dirigentes. Pero en el momento del debate netamente jurídico penal, se acredita que no existen antecedentes para condenarlos y han sido declarados inocentes en varias causas", argumentó Valdivia.
Según la Encuesta de Caracterización Económica, 1.060.786 personas, 6,6 por ciento de los habitantes de Chile, se identificaban en 2006 como indígenas. El 19 por ciento de ellas son pobres o indigentes. Los mapuches representan 87 por ciento de la población aborigen de este país sudamericano.
jueves, 23 de abril de 2009
Fiscal militar procesa a cuatro mapuche por emboscada a fiscal
El titular de la Segunda Fiscalía Militar de Concepción, mayor de Ejército Fernando Grandón, procesó anoche a cuatro de los 12 mapuche acusados de participar en la emboscada al fiscal Elgueta. De esta manera se puso fin a la cruel incomunicación que se extendió por cinco días contra tres de ellos.
Los procesados por "maltrato de obra a carabineros de servicio y daño a vehículo fiscal" son: Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical, José Huenuche y Luis Menares Chanilao.
Los otros ocho comuneros de Puerto Choque, no contaban con méritos suficientes para el procesamiento militar. Pero permanecen en la cárcel, ya que están formalizados en la justicia civil por "asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado y robo con intimidación".
El abogado defensor de los detenidos, Pablo Ortega, evalúa apelar ante la Corte Marcial, y al mismo tiempo estudia invocar una contienda de competencia, "porque por un mismo hecho no pueden ser juzgados dos veces por dos tribunales".
Fuente: El Mercurio
Los procesados por "maltrato de obra a carabineros de servicio y daño a vehículo fiscal" son: Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical, José Huenuche y Luis Menares Chanilao.
Los otros ocho comuneros de Puerto Choque, no contaban con méritos suficientes para el procesamiento militar. Pero permanecen en la cárcel, ya que están formalizados en la justicia civil por "asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado y robo con intimidación".
El abogado defensor de los detenidos, Pablo Ortega, evalúa apelar ante la Corte Marcial, y al mismo tiempo estudia invocar una contienda de competencia, "porque por un mismo hecho no pueden ser juzgados dos veces por dos tribunales".
Fuente: El Mercurio
Los hechos de Puerto Choque: la otra colusión
Incomunicados en la cárcel de El Manzano (Concepción) hasta el lunes 20 de abril quedaron los comuneros José Huenuche, Ramón Llanquileo y el estudiante Jonathan Huillican luego de ser interrogados por el fiscal militar Fernando Grandón en la capital penquista. La esposa de José Huenuche –trabajador a jornal y nochero en Cañete- Millaray Paillalef, denunció que se está aplicando una doble sanción por una misma causa.
Los detenidos ya habían sido formalizados en Cañete –junto a otros ocho mapuche, también arrestados el pasado 11 de abril- por los mismos hechos, su presunta participación en la emboscada al fiscal que se dedica con exclusividad a perseguir a los luchadores mapuche en la provincia de Arauco, Mario Elgueta. Las detenciones practicadas en marzo y abril han aumentado a un número cercano a la cincuentana el número de presos políticos mapuche en Chile, que en enero de este año eran 32. Una colusión en derechos humanos entre policía y empresas forestales que no ocupa los titulares de prensa.
Nueve meses de prisión preventiva
Millaray Paillalef agregó que la madre del estudiante Huillican –que reside en Lonquimay y viajó a Lebu a verlo- no logró visitarlo. Para todos los familiares el traslado de los presos a Concepción representa un castigo adicional pues ellos viven en Cañete o Tirúa, a más de costosas cuatro horas de viaje. Todos permanecerán en prisión los nueve meses que decretó la jueza para la investigación.
“El defensor público, Egon Matus no puede solicitar la libertad de ellos porque la carpeta de investigación es secreta por un lapso de 40 días, lo que nos parece muy mal”, agregó Millaray. Como en otras oportunidades, existen supuestos testigos cuyas identidades son secretas y la defensa desconoce por completo las pruebas que acreditarían las acusaciones de la fiscalía.
“ El allanamiento realizado para detener a José fue muy violento”, explicó Millaray, embarazada de siete meses, entrevistada telefónicamente por esta periodista. “Yo vivo en Cañete. Derribaron la puerta de mi casa, y me sacaron en ropa interior, sin presentar orden judicial, lo mismo hicieron en las comunidades.”
Interrogada acerca de qué se llevó la la policía, responde: “Libros, películas, cámaras fotográficas, celulares y otras cosas que incluso pertenecen a mi mamá y tienen que ver con su trabajo”.
Torturas
Ella agrega que dos de los presos requiere urgente atención médica: Segundo Ñeguey tiene incrustados varios perdigones en la rodilla, y Jonathan resultó con graves lesiones en el oído medio como resultado de los golpes en la cabeza que le dio la policía en Temuco luego de la detención. También fue amenazado con que le aplicarían corriente y tomarían represalia con su familia si no cooperaba.
-¿Ha presentado la familia una denuncia por torturas?
“No, ellos aún no han podido verlo pues viajaron desde Lonquimay a Lebu pero cuando llegaron, a su hijo lo trasladaron a Concepción. Los gendarmes están tratando de intimidar a los familiares y a los presos. A nosotros nos dijeron que si hacíamos protesta afuera de la cárcel, ellos dispararían a matar adentro.
-¿Cuál es la vinculación del estudiante con los comuneros detenidos?
“ Aquí en el verano llegan muchos estudiantes, esta es una zona turística, por el lago, y los jóvenes hacen amistad muy pronto, vienen a ayudar en la cosecha”.
A Huenuche, Llanquileo y Huillican, y a otros ocho detenidos Segundo Ñeguey, los hermanos Juan, Norberto y César Parra Leiva, Luis Menares Chamilao, Juan Muñoz Huenuman, Alcides Pilquiman, Richard Ñeguey y Javier Navarro, se les acusa de homicidio frustrado en contra de un fiscal y dos carabineros, además de robo con intimidación y asociación ilícita terrorista. El gobernador Rodrigo Daroch presentó el requerimiento para que se aplique la legislación antiterrorista que data de tiempos de dictadura.
El gobierno de Michelle Bachelet está aplicando esta ley, criticada por los organismos internacionales de derechos humanos, en el caso de Miguel Tapia Huenulaf, detenido en Santiago el 13 de febrero de este año en un episodio denunciado ante James Anaya, relator de Naciones Unidas como un montaje policial. También se juzgó por ley antiterrorista a Jonathan Vega y Fénix Delgado, estudiantes universitarios simpatizantes de la causa mapuche en Temuco detenidos en octubre de 2008.
Tácticas de la Fiscalía Antimapuche
El caso de César Parra, de la comunidad Esteban Yebilao, del sector Puerto Choque - escenario de importantes recuperaciones de tierras del fundo La Puntilla usurpadas por las forestales Mininco y Volterra, y de escaramuzas con la policía que corresponden a intentos de desalojo - es ilustrativo de la táctica que está utilizando la fiscalía antimapuche. Ello consiste en buscar por todos los medios mantener en prisión “preventiva” a los dirigentes y activistas sociales mapuche, y cuando salen liberados por falta de pruebas, formular nuevas acusaciones.
César Parra alcanzó a estar apenas unos días en libertad, pues desde el 17 de octubre de 2007 permanecía recluido en El Manzano acusado de atacar con una motosierra a carabineros, en junio de ese año. La propia Fiscalía Militar le dio la libertad condicional el 2 de abril. Parra había resultado herido en el supuesto ataque y en cambio el carabinero que lo acusaba, no pudo acreditar lesión alguna.
Persecución a la CAM
La policía pretendía también que regresara a prisión Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, absuelto en Temuco en un juicio oral en mayo de 2008, luego de pasar más de un año en prisión. Según Richard Curinao, de la web Werken Kvrvf, http://werkenkvrvf.blogspot.com más de 30 efectivos de la PDI, la mayoría encapuchados, llegaron a su domicilio de San Ramón, Tirúa, encañonando a sus tres hijos menores de edad y obligándolos a salir de la casa. Pero su padre no dormía en casa esa noche.
En marzo el tribunal oral de Angol dictó condenas a cinco años de cárcel efectiva a Luis Millacheo Ñanco, y a 4 años remitidos para Andrés Licán Licán y Juan Licán Melinao, considerados por el tribunal culpables de incendiar un camión forestal en Pidima, Ercilla. Otros dos comuneros, Fernando y José Guillermo Millacheo, fueron absueltos luego de pasar varios meses en prisión. Sin embargo la táctica de la fiscalía no resuelve el denominado “conflicto mapuche.” El 6 de abril de 2008, 18 comuneros de ese mismo sector de Pidima, fueron formalizados por “usurpación”, luego de participar en un intento de recuperación de tierras.
Puerta giratoria
La comunidad mapuche autónoma Temucuicui acaba de denunciar una nueva faceta de esta táctica, una suerte de “puerta giratoria” entre la fiscalía y los juzgados orales. Ellos recusaron al juez Andrés Villagra, pidiendo se le inhabilite en el juicio que el 28 de mayo próximo enfrentarán Jaime Huenchullan Cayul y Julio Caihuan Nahuelpi. Sostienen los dirigentes que Andrés Villagra fue fiscal adjunto de Collipulli entre los años 2000 y 2002. En el ejercicio de esas funciones imputó a varios integrantes de su comunidad en supuestos hechos en contra del latifundista René Urban, de los cuales han sido absueltos posteriormente, una y otra vez. Sostienen que además, como juez se ha pronunciado directamente ante ellos considerando culpables a los comuneros antes de realizarse los juicios respectivos y adelantando que se les condenaría “como sea”.
Colaboradores de la policía
La táctica de la fiscalía incluye el reclutamiento de comuneros y/o campesinos o pequeños propietarios no mapuche que apoyen las funciones represivas, una práctica que posiblemente no tiene asidero legal. Pero el mismo día que los abogados intentaban infructuosamente conocer los testigos y las pruebas montadas por la fiscalía, en Santiago, El Mercurio informaba que el fiscal nacional Sabas Chahuán “propuso una modificación a la ley contra conductas terroristas, de manera de usar incluso agentes encubiertos o informantes en esas causas.” Este ya es el caso del informante y colaboarador Santos Jorquera, dueño del camping “Los Castaños”, reconocido en la zona de Tirúa como cómplice de la DINA y la CNI, donde fueron detenidos miembros de las comunidades de Choque, Ranquilhue y Miquihue. Su casa es actualmente el centro de operaciones de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros que lo usa también como centro de detención e interrotgatorio cuando detiene a mapuche en caminos interiores y de acceso a la comunidad de Choque.A los doce detenidos el 12 de abril en Puerto Choque se les acusa precisamente de “agresión a Santos Jorquera”.
Cacería de mapuches
El abogado Roberto Avila, que se desempeñó profesionalmente en la Vicaría de la Solidaridad considera los hechos descritos en esta nota como una verdadera cacería de mapuches, y rechazó en un artículo distribuido en internet, las expresiones del ministro del Interior subrogante que se congratuló de ello públicamente. Expresa Roberto Avila en una carta pública:
“A pesar de que la responsabilidad de estos mapuches no está acreditada y que existe en nuestro ordenamiento jurídico una clara separación de poderes que impide al ejecutivo y al legislativo avocarse a causas actualmente en trámite, el Ministro considera a los imputados ya como culpables. Y se refiere a ellos como ‘delincuentes’. El ministro se refiere a un ‘cuarteto’ por capturar, ya no son personas sino un ‘cuarteto’, de ciudadanos queda poco o nada. ¿Qué garantías procesales de un debido proceso tiene ese “cuarteto”, si ya el ministro del interior los condenó públicamente como delincuentes? El gobierno no tiene en curso procedimientos en aplicación rigurosa de resoluciones judiciales sino una verdadera cacería.”
— Lucía Sepúlveda Ruiz
Los detenidos ya habían sido formalizados en Cañete –junto a otros ocho mapuche, también arrestados el pasado 11 de abril- por los mismos hechos, su presunta participación en la emboscada al fiscal que se dedica con exclusividad a perseguir a los luchadores mapuche en la provincia de Arauco, Mario Elgueta. Las detenciones practicadas en marzo y abril han aumentado a un número cercano a la cincuentana el número de presos políticos mapuche en Chile, que en enero de este año eran 32. Una colusión en derechos humanos entre policía y empresas forestales que no ocupa los titulares de prensa.
Nueve meses de prisión preventiva
Millaray Paillalef agregó que la madre del estudiante Huillican –que reside en Lonquimay y viajó a Lebu a verlo- no logró visitarlo. Para todos los familiares el traslado de los presos a Concepción representa un castigo adicional pues ellos viven en Cañete o Tirúa, a más de costosas cuatro horas de viaje. Todos permanecerán en prisión los nueve meses que decretó la jueza para la investigación.
“El defensor público, Egon Matus no puede solicitar la libertad de ellos porque la carpeta de investigación es secreta por un lapso de 40 días, lo que nos parece muy mal”, agregó Millaray. Como en otras oportunidades, existen supuestos testigos cuyas identidades son secretas y la defensa desconoce por completo las pruebas que acreditarían las acusaciones de la fiscalía.
“ El allanamiento realizado para detener a José fue muy violento”, explicó Millaray, embarazada de siete meses, entrevistada telefónicamente por esta periodista. “Yo vivo en Cañete. Derribaron la puerta de mi casa, y me sacaron en ropa interior, sin presentar orden judicial, lo mismo hicieron en las comunidades.”
Interrogada acerca de qué se llevó la la policía, responde: “Libros, películas, cámaras fotográficas, celulares y otras cosas que incluso pertenecen a mi mamá y tienen que ver con su trabajo”.
Torturas
Ella agrega que dos de los presos requiere urgente atención médica: Segundo Ñeguey tiene incrustados varios perdigones en la rodilla, y Jonathan resultó con graves lesiones en el oído medio como resultado de los golpes en la cabeza que le dio la policía en Temuco luego de la detención. También fue amenazado con que le aplicarían corriente y tomarían represalia con su familia si no cooperaba.
-¿Ha presentado la familia una denuncia por torturas?
“No, ellos aún no han podido verlo pues viajaron desde Lonquimay a Lebu pero cuando llegaron, a su hijo lo trasladaron a Concepción. Los gendarmes están tratando de intimidar a los familiares y a los presos. A nosotros nos dijeron que si hacíamos protesta afuera de la cárcel, ellos dispararían a matar adentro.
-¿Cuál es la vinculación del estudiante con los comuneros detenidos?
“ Aquí en el verano llegan muchos estudiantes, esta es una zona turística, por el lago, y los jóvenes hacen amistad muy pronto, vienen a ayudar en la cosecha”.
A Huenuche, Llanquileo y Huillican, y a otros ocho detenidos Segundo Ñeguey, los hermanos Juan, Norberto y César Parra Leiva, Luis Menares Chamilao, Juan Muñoz Huenuman, Alcides Pilquiman, Richard Ñeguey y Javier Navarro, se les acusa de homicidio frustrado en contra de un fiscal y dos carabineros, además de robo con intimidación y asociación ilícita terrorista. El gobernador Rodrigo Daroch presentó el requerimiento para que se aplique la legislación antiterrorista que data de tiempos de dictadura.
El gobierno de Michelle Bachelet está aplicando esta ley, criticada por los organismos internacionales de derechos humanos, en el caso de Miguel Tapia Huenulaf, detenido en Santiago el 13 de febrero de este año en un episodio denunciado ante James Anaya, relator de Naciones Unidas como un montaje policial. También se juzgó por ley antiterrorista a Jonathan Vega y Fénix Delgado, estudiantes universitarios simpatizantes de la causa mapuche en Temuco detenidos en octubre de 2008.
Tácticas de la Fiscalía Antimapuche
El caso de César Parra, de la comunidad Esteban Yebilao, del sector Puerto Choque - escenario de importantes recuperaciones de tierras del fundo La Puntilla usurpadas por las forestales Mininco y Volterra, y de escaramuzas con la policía que corresponden a intentos de desalojo - es ilustrativo de la táctica que está utilizando la fiscalía antimapuche. Ello consiste en buscar por todos los medios mantener en prisión “preventiva” a los dirigentes y activistas sociales mapuche, y cuando salen liberados por falta de pruebas, formular nuevas acusaciones.
César Parra alcanzó a estar apenas unos días en libertad, pues desde el 17 de octubre de 2007 permanecía recluido en El Manzano acusado de atacar con una motosierra a carabineros, en junio de ese año. La propia Fiscalía Militar le dio la libertad condicional el 2 de abril. Parra había resultado herido en el supuesto ataque y en cambio el carabinero que lo acusaba, no pudo acreditar lesión alguna.
Persecución a la CAM
La policía pretendía también que regresara a prisión Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, absuelto en Temuco en un juicio oral en mayo de 2008, luego de pasar más de un año en prisión. Según Richard Curinao, de la web Werken Kvrvf, http://werkenkvrvf.blogspot.com más de 30 efectivos de la PDI, la mayoría encapuchados, llegaron a su domicilio de San Ramón, Tirúa, encañonando a sus tres hijos menores de edad y obligándolos a salir de la casa. Pero su padre no dormía en casa esa noche.
En marzo el tribunal oral de Angol dictó condenas a cinco años de cárcel efectiva a Luis Millacheo Ñanco, y a 4 años remitidos para Andrés Licán Licán y Juan Licán Melinao, considerados por el tribunal culpables de incendiar un camión forestal en Pidima, Ercilla. Otros dos comuneros, Fernando y José Guillermo Millacheo, fueron absueltos luego de pasar varios meses en prisión. Sin embargo la táctica de la fiscalía no resuelve el denominado “conflicto mapuche.” El 6 de abril de 2008, 18 comuneros de ese mismo sector de Pidima, fueron formalizados por “usurpación”, luego de participar en un intento de recuperación de tierras.
Puerta giratoria
La comunidad mapuche autónoma Temucuicui acaba de denunciar una nueva faceta de esta táctica, una suerte de “puerta giratoria” entre la fiscalía y los juzgados orales. Ellos recusaron al juez Andrés Villagra, pidiendo se le inhabilite en el juicio que el 28 de mayo próximo enfrentarán Jaime Huenchullan Cayul y Julio Caihuan Nahuelpi. Sostienen los dirigentes que Andrés Villagra fue fiscal adjunto de Collipulli entre los años 2000 y 2002. En el ejercicio de esas funciones imputó a varios integrantes de su comunidad en supuestos hechos en contra del latifundista René Urban, de los cuales han sido absueltos posteriormente, una y otra vez. Sostienen que además, como juez se ha pronunciado directamente ante ellos considerando culpables a los comuneros antes de realizarse los juicios respectivos y adelantando que se les condenaría “como sea”.
Colaboradores de la policía
La táctica de la fiscalía incluye el reclutamiento de comuneros y/o campesinos o pequeños propietarios no mapuche que apoyen las funciones represivas, una práctica que posiblemente no tiene asidero legal. Pero el mismo día que los abogados intentaban infructuosamente conocer los testigos y las pruebas montadas por la fiscalía, en Santiago, El Mercurio informaba que el fiscal nacional Sabas Chahuán “propuso una modificación a la ley contra conductas terroristas, de manera de usar incluso agentes encubiertos o informantes en esas causas.” Este ya es el caso del informante y colaboarador Santos Jorquera, dueño del camping “Los Castaños”, reconocido en la zona de Tirúa como cómplice de la DINA y la CNI, donde fueron detenidos miembros de las comunidades de Choque, Ranquilhue y Miquihue. Su casa es actualmente el centro de operaciones de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros que lo usa también como centro de detención e interrotgatorio cuando detiene a mapuche en caminos interiores y de acceso a la comunidad de Choque.A los doce detenidos el 12 de abril en Puerto Choque se les acusa precisamente de “agresión a Santos Jorquera”.
Cacería de mapuches
El abogado Roberto Avila, que se desempeñó profesionalmente en la Vicaría de la Solidaridad considera los hechos descritos en esta nota como una verdadera cacería de mapuches, y rechazó en un artículo distribuido en internet, las expresiones del ministro del Interior subrogante que se congratuló de ello públicamente. Expresa Roberto Avila en una carta pública:
“A pesar de que la responsabilidad de estos mapuches no está acreditada y que existe en nuestro ordenamiento jurídico una clara separación de poderes que impide al ejecutivo y al legislativo avocarse a causas actualmente en trámite, el Ministro considera a los imputados ya como culpables. Y se refiere a ellos como ‘delincuentes’. El ministro se refiere a un ‘cuarteto’ por capturar, ya no son personas sino un ‘cuarteto’, de ciudadanos queda poco o nada. ¿Qué garantías procesales de un debido proceso tiene ese “cuarteto”, si ya el ministro del interior los condenó públicamente como delincuentes? El gobierno no tiene en curso procedimientos en aplicación rigurosa de resoluciones judiciales sino una verdadera cacería.”
— Lucía Sepúlveda Ruiz
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